En enero, el arzobispo de Santiago tuvo en sus manos la autodenuncia del poderoso canciller de la arquidiócesis, el encargado entre otras cosas de resguardar las denuncias contra sacerdotes y tomar declaración a las víctimas de Karadima.
Abusos sexuales contra menores dejados al cuidado de Oscar Muñoz Toledo en su doble condición de sacerdote y familiar de varias víctimas, varios de los casos recientes y admitidos por el propio responsable.
Ezzatti revisó los antecedentes, los mandó al Vaticano, y nada más. La Fiscalía tuvo que allanar e incautar documentación para reunir los antecedentes y arrestar a Muñoz. Con un agravante: hay constancia de abusos hasta marzo de este año. O sea, presunciones de que el sujeto seguía abusando de menores bajo su cuidado mientras el arzobispo ya sabía de los hechos, pero no los había informado a la justicia, que pudo haber frenado esos crímenes.
El caso, que lleva al arzobispo a un inédito interrogatorio como imputado de encubrimiento, da cuenta de un estado paralelo que, desde sus máximos jerarcas, ignora que en Chile los delitos son investigados por la justicia chilena y que todos, llevemos o no sotana, somos igualmente responsables ante la ley.
Los procesos paralelos, amparados en el secretismo y la falta de garantías, la omisión de denuncia, y la persistente negativa a entregar los documentos sobre abusos sexuales que piden los fiscales siguen ocurriendo hasta 2018.
Ya basta. Ya es hora de que la Iglesia Católica entienda que no está sobre la ley ni sobre las instituciones, y que los abusadores sexuales deben responder de inmediato por sus eventuales delitos ante la justicia criminal. Sin más dilaciones, sin más secretos, sin más protecciones y sin más excusas que les permitan ampararse tras el poder de una iglesia.
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