Otra vez, Chile recibe un portazo en su búsqueda de los ex frentistas fugados de la Cárcel de Alta Seguridad. Hagamos memoria: primero fue Suiza la que entregó refugio político a Patricio Ortiz. Luego Argentina concedió estatus de refugiado a Galvarino Apablaza. Aunque esa condición fue revocada el año pasado, su extradición sigue pendiente.
Y ahora Francia entrega asilo político a Ricardo Palma, condenado como autor material del asesinato del senador Jaime Guzmán.
Cabe preguntarse por qué no uno, sino tres países, dos de ellos entre las democracias más consolidadas del mundo, simplemente no creen nuestros reclamos de que tenemos un proceso judicial limpio y una correcta separación de poderes.
Algo hay de hipocresía, claro, en estados que no siempre miden con la misma vara sus procesos políticos y los de otros. Como ocurría con España, que nunca juzgó los crímenes del franquismo pero sí intentó hacerlo con los del pinochetismo.
Pero también es verdad que nuestra historia es difícil de explicar. Los primeros años de la transición estuvieron marcados por el enorme poder de Pinochet, por tribunales designados por la dictadura y procedimientos policiales al menos discutibles. Es cómodo para los defensores de los frentistas vender la idea de románticos guerrilleros combatiendo a un Pinochet que aún en los 90 seguía al mando del Ejército.
La historia es mucho más compleja que eso, claro, y en este caso los hechos son brutales: el asesinato a sangre fría de un senador, Jaime Guzmán, y el secuestro de un civil sin más culpa que el apellido que llevaba, Cristián Edwards. Chile tiene que hacer un mejor trabajo en explicar esos hechos y separarlos de las fantasías románticas que tan bien suenan en Europa.
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