Hay muchos puntos de vista desde los cuales evaluar este debate sobre la marihuana. Están los temas médicos, su relación con otras drogas, el narcotráfico, los efectos sociales, en la delincuencia o en los accidentes de tránsito.
Pero en una democracia, la primera consideración debería ser la más simple de todas: el derecho de las personas adultas a tomar sus propias decisiones sobre sus vidas privadas.
El azúcar, las grasas saturadas, el alcohol, y qué decir del tabaco, son sin duda dañinos para la salud, especialmente en grandes cantidades. Pero los países democráticos les reconocen a sus ciudadanos el derecho a consumirlas si así lo deciden. Lo que hacen es orientar sobre sus peligros, entregar advertencias, limitar su publicidad y gravarlas con impuestos. Y al mismo tiempo, prohibir o desincentivar su consumo entre menores de edad.
Pero no las prohíben. Porque el Estado no es el papá ni la mamá de los ciudadanos, y por eso no debe meterse en su dormitorio a fiscalizar con quiénes se acuestan, en su cocina a ver qué comen, ni en su living a husmear qué fuman.
Entonces, no confundamos los conceptos. Despenalizar la marihuana no significa decir que es buena o inocua; tal como que el tabaco sea legal no significa desconocer lo dañino que es para la salud.
Simplemente, significa reconocer un principio básico: que el Estado no tiene derecho a imponer conductas en el ámbito íntimo cuando no afectan a terceros. Y que las personas adultas tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Incluso, aunque sean malas decisiones.
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