El sistema de Isapres no da para más. Lo dice hace mucho la ciudadanía, lo han reconocido los tres últimos gobiernos, que han prometido reformas sin concretarlas, lo dicen desde 2010 los tribunales que rechazan por ilegales las alzas de planes y ahora lo dice la Corte Suprema: fuerte y claro, negar el acceso por tener una enfermedad viola la Constitución.
Tenemos un sistema de seguridad social a la hora de cobrar, pero de seguros privados a la hora de discriminar. Que recibe con los brazos abiertos a los hombres sanos, pero discrimina a mujeres y viejos, y derechamente excluye a los enfermos. Sí, un sistema de salud que excluye a los enfermos.
Así se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. Se recarga a Fonasa, donde cotiza la gran mayoría de los chilenos, mientras las Isapres obtienen un 20,88% de rentabilidad sobre patrimonio en 2017, el triple del promedio de rentabilidad de los sectores de la economía chilena.
¿Qué hacer? Lo primero es una definición básica. O las Isapres son seguros privados, como el seguro del auto; o son, junto con Fonasa, parte de la seguridad social. Y si lo son, deben seguir reglas básicas:
Primero, precios únicos para mujeres y hombres, porque los niños se hacen de a dos y por lo tanto los costos deben compartirse por igual.
Y segundo, puertas abiertas para todos quienes quieran afiliarse, tengan o no una enfermedad, porque de eso precisamente -de dar tratamiento a los enfermos- se trata la salud social.
Veremos si este gobierno y este Congreso se atreven al fin a ponerse del lado de los pacientes y enfrentar el hasta ahora invencible lobby de las Isapres.
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