“Es una muy mala política pública”, “totalmente inconstitucional”, “va en contra de la idea de mejorar las pensiones que está hace años como prioridad en prácticamente todas las encuestas”, “las personas verán muy dañadas sus jubilaciones”. Esos conceptos los escuchamos una y otra vez por parte del Gobierno tratando de frenar el tercer retiro. Se transformó prácticamente en un dogma en el oficialismo, entendiendo como tal a los cada vez menos que apoyan a la administración Piñera. Todos esos mensajes, tan reiterados como poco efectivos, realmente quedan en nada con la última apuesta del Ejecutivo: su propio proyecto de retiro de fondos, el segundo que presentan.
Claro que hay diferencias respecto al que ya aprobó el Congreso, como bonos a quienes tienen saldo cero, los de mayores ingresos pagarán impuestos y habrá un mecanismo para restituir los fondos. Son formas de retiros muy distintas, es cierto.
Pero, lo relevante de este paso, es que el presidente Sebastián Piñera tira al piso la idea que tanto defendió: usar los fondos de pensiones para enfrentar esta emergencia es una pésima medida, inmensamente popular, pero criticada por prácticamente todos los estamentos técnicos, nacionales y extranjeros. Los mismos que decían que sí hay que usar recursos fiscales, abrir la billetera. Lo que sea necesario.
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¿Por qué no se optó por dar un bono universal, sin requisitos ni trabas? ¿Es tanto más importante conservar las métricas fiscales que resguardar los fondos de pensiones de las personas, no de las AFP, sino que los fondos de las personas?
Lo que presentó el Gobierno, con bastante probabilidad, puede ser el cuarto retiro, si el TC decide no frenar lo aprobado en el Congreso. Es decir, tendríamos no uno sino que dos retiros al mismo tiempo. A eso, sumemos que el entorno de la diputada Pamela Jiles ya dijo este lunes que presentará otra reforma constitucional para un nuevo retiro. O sea, iríamos en 5. Si eso sucede, con una pandemia que en verdad nadie sabe cuándo se irá o si es que se irá, parece cosa de tiempo para llegar a la realidad de Perú, donde ya se aprobó que una parte de la población saque todos sus fondos previsionales.
Y ahora, el gobierno chileno no tiene cómo decir que es una mala idea, si el mismo Ejecutivo la propone.
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