Por Mónica Rincón
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521 muertos, 52 desaparecidos, dos millones de damnificados.

Nada de eso se puede ni se debe olvidar. 10 años del 27F y lo que tampoco se debe dejar de recordar es que a esas víctimas ni las mató ni las dañó sólo el terremoto, sino la precariedad del sistema de emergencia, la negligencia de tenerlo por décadas en ese estado y la pésima reacción de ese día con, entre otras cosas, una alerta de tsunami que se levantó de manera insólitamente imprudente.

Lo bien que soportó la mayoría de la edificaciones nos demostró la irresponsabilidad de los constructores, por ejemplo, del edificio Alto Río, que se desplomó en Concepción.

Con coraje, esfuerzo y solidaridad, Chile se fue poniendo de pie. Y es cierto que se ha mejorado y fortalecido la Onemi, ya no están en los cajones los teléfonos satelitales, por dar un ejemplo que nos indignó hace 10 años. Pero aún duerme en el Congreso el proyecto que crea el sistema de Seguridad Civil. Aún en Talcahuano no se implementa el sistema de alarmas para evacuaciones que sería necesario tener, según las autoridades locales.

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Las responsabilidades políticas y administrativas brillaron por su ausencia. Imposible olvidar a ese comandante en jefe de la Armada que se fue a dormir tras el terremoto porque creyó que todo estaba bien y al que ni la presidenta en ejercicio ni el siguiente mandatario le pidieron la renuncia.

No hay nada que repare la pérdida de un hijo, de una pareja, de una amiga, pero al menos la justicia debió haber sido oportuna y no fue así. Vimos a una fiscal que investigaba a las autoridades del gobierno de Michelle Bachelet, nombrada en el Sename. Seguimos viendo hasta hoy a quienes se les desplomó su sueño de casa propia en la capital del Bío Bío, esperando una indemnización que aún no llega.

Una catástrofe que debiera ser la última, no la penúltima, en sus consecuencias evitables. Cada una de las víctimas pasadas y las que pueden venir exigen actuar, pero actuar ya.

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