El robo de más de 50 departamentos de los edificios afectados por los socavones en las dunas de Cochoa nos dejó boquiabiertos. Como esos videos de redes sociales donde el único trabajo que alguien tiene que hacer, lo hace mal, o como una escena de los tres chiflados.
Los dardos apuntan a la delegada presidencial Sofía González, quien es la encargada de velar por la seguridad.
Condenaron a los vecinos a los robos, me dijo la abogada que los representa, Janet Bruna. Solo una pareja de policías en el sector del socavón dispuestos para vigilar. Por la extensa zona de las dunas, nadie.
La luz se cortó tras la emergencia, por lo que no había cámaras grabando, por lo menos para tener pruebas y la oscuridad fue aliada del delito. A los propietarios de la delegación les había prohibido contratar guardias privados, decisión que el subsecretario Monsalve revirtió tras el bochorno, por lo que ahora hay drones y vigilancia privada.
Que ha habido negligencia en el manejo de la crisis, dicen quienes esperan que Sofía González rinda cuentas o que renuncie, y esto es desde la oposición, pero también desde el oficialismo.
No hay oficios que den cuenta de las decisiones que tomó para resguardar la seguridad y la defensa de las víctimas teme algo peor, que tras la inacción de la delegada hay un prejuicio de clase, de no querer aparecer cuidando a los ricos, entre comillas, poniendo a su disposición un número adecuado de carabineros.
Lo concreto, me dice la abogada Bruna, que se pregunta si acaso la militancia comunista de la autoridad tendrá algo que ver con este sesgo, es que no se ha actuado con la misma diligencia administrativa que en otros dramas regionales. Distinta, me dice, es la actitud de la municipalidad y su alcaldesa Macarena Ripamonti, que ha ofrecido lo que está a su disposición, como rondas de vehículos municipales y atención psicológica.
Mientras tanto, la pesadilla de los exresidentes, que no pueden entrar a sus departamentos, continúa.
Una joven enfermera, mamá de dos niñas, que compró uno de los departamentos más económicos, 1500 UF aproximadamente, no puede sacar la cuna de su hija menor. La única opción que le da la autoridad es firmar una declaración jurada, que los libera de responsabilidades. El mundo al revés.
Los departamentos totalmente disponibles para que los delincuentes se den el gusto de robar sin sobresaltos, y los afectados impotentes y en manos de una autoridad incapaz de resguardar sus derechos más elementales. Francamente, inaudito.
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