Si usted es uno de los tres millones de afiliados a Isapres, quizás ha estado recibiendo de su aseguradora notificaciones sobre el cierre de centros médicos en medio de la crisis de la salud privada que vive el país.
El Gobierno reconoce que la fórmula para evitar la quiebra de las aseguradoras sería adelantar, vía ley corta, el alza del precio del plan base de salud para paliar el 12% menos de ingresos una vez que entre en vigor el fallo GES.
La ministra Aguilera declaró que este es un tema extremadamente ideologizado y pone en duda que la situación de las Isapres sea crítica. “Cuesta un poco creerlo”, dijo a El Mercurio.
Pero el presidente de la Comisión de Salud, el senador gobiernista Juan Luis Castro, alerta que esta crisis no es un invento ni una falsa alarma, e insta al Ejecutivo a actuar con más fuerza.
Las aseguradoras, por su parte, lejos de reconocer alzas GES excesivas e injustificadas, siguen criticando lo que considera inacción de parte del Gobierno, que podrá estar actuando con desidia o no, pero que no es el responsable de la posición en la que han quedado.
Es un fallo judicial el que estableció como ilegales los cobros y el deber del Ejecutivo, según la Corte Suprema, es colaborar a que el fallo se cumpla.
Como es tan estrecho el margen de sobrevida de las Isapres, bien les valdría cambiar la retórica y atender a los pedidos de autocrítica que hacen los parlamentarios que van a tramitar la ley corta.
No se les cae la corona si lo hacen, y probablemente habría mejor voluntad política para la tramitación de esta ley, el último salvavidas del sistema.
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