La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, anunció este viernes que abrirá una investigación de oficio en contra del presidente Sebastián Piñera por el caso de compraventa del proyecto minero Dominga, en el marco de Pandora Papers.
En entrevista con CNN Chile, el ex fiscal Carlos Gajardo aseguró que “la Fiscalía estaba obligada a tomar la decisión que tomó, estos hechos no han sido investigados previamente y por lo tanto deben ser investigados”.
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En ese sentido, el abogado explicó que “el presidente y los demás imputados tendrán todos los derechos ante los tribunales para defenderse, entre ellos pedir el sobreseimiento definitivo porque hay cosas juzgadas o pedir el sobreseimiento porque los hechos están prescritos”.
Respecto al tiempo que puede tardar la investigación que se anunció este viernes, Gajardo afirmó que “es difícil que pueda ser una investigación que termine antes del término del periodo presidencial en marzo del próximo año. La investigación tiene que tener prioridad por parte de la fiscal regional que se ha designado”.
“Hay que recordar que es la misma fiscal regional que está investigando las querellas contra el presidente Piñera por posibles delitos de lesa humanidad, y por lo tanto es posiblemente uno de los dactores que haya tenido en consideración el fiscal Abbott para designarla”, agregó.
En cuanto a la posibilidad de que se argumente que los eventuales delitos podrían haber prescrito, el ex fiscal sostuvo que “esas decisiones no las toma la Fiscalía, las tiene que tomar un tribunal, son ellos los que pueden decir si hay cosas juzgadas. Seguramente esas serán las alegaciones iniciales que harán las defensas tanto del presidente como de Carlos Délano”.
“En ese sentido creo que son un antecedente vital que hasta acá no ha tenido la investigación, los correos electrónicos que dan cuenta de las operaciones, entre ellos los correos del propio presidente Piñera. Me parece que sin esos antecedentes establecer una situación tan definitiva como que aquí ha operado la prescripción no es algo que sea posible de hacer”, manifestó.
Responsabilidad del fiscal Guerra
Al ser consultado por la responsabilidad del fiscal Guerra, quien estuvo a cargo de la investigación en 2017, Gajardo señaló que “me parece que es evidente que la decisión que tomó la Fiscalía da cuenta que hubo una investigación deficiente”.
“Si esto se hubiese investigado correctamente, exhaustivamente como la situación lo ameritaba, si ese antecedente preliminar que tenia el fiscal Guerra en su carpeta del borrador en español del contrato donde ya se establecía esta cláusula, hubiera sido investigado profundamente, tendría que haber hecho una serie de diligencias que no hizo”, concluyó.
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