La ministra Romy Rutherford citó en calidad de inculpado al actual comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, en el marco de la investigación por fraude en el Ejército, en la arista venta de pasajes.
CNN Chile conversó con el abogado del general Martínez, Juan Carlos Manríquez, quien habló sobre el proceso y la postura del alto mando militar, que deberá enfrentar la diligencia a solo seis días de entregar el mando, el próximo 9 de marzo, al general Javier Iturriaga.
A pesar de que Manríquez solicitó a la ministra Rutherford aplazar la fecha de la citación, que fue establecida para este jueves, la petición fue denegada. “Me fue indicado hace breves minutos, previo a esta conversación”, señaló el abogado, manifestando que “eso nos permite ir aclarando el terreno procesal en el cual vamos a ir trabajando y poder conocer con más detalles cuáles son los puntos que la ministra quiere tratar para poder ir entregando la información que ella requiera de acuerdo al avance de esta investigación”.
Martínez se convierte en el primer comandante en jefe activo en ser citado como inculpado en una investigación. Consultado por los escenarios posibles en caso de que el general tuviera malos resultados en el proceso, el abogado destacó que “efectivamente el comandante en jefe está abocado a su tarea institucional, que es su cuenta pública el miércoles (…) en ese contexto, además está la entrega de mando al general Iturriaga; esta citación pudo haber ocurrido antes o en otro minuto, de alguna forma también genera reverberancia en la coordinación política e institucional que se requiere para una ceremonia de esta naturaleza, en un cargo tan relevante como este”.
Por otro lado, remarcó, “también da lugar a ciertas especulaciones respecto del minuto, pero estrictamente en lo técnico, lo procesal, de acuerdo a las diligencias que he realizado directamente en el tribunal, estas pueden tener una explicación técnica, ya que en otras aristas, otras defensas que no están vinculadas a esta habían requerido al Tribunal Constitucional una eventual suspensión de esta causa“.
“Eso”, continuó, “significaba que si la ministra no mantenía la diligencia respecto al general Martínez, pudiera quedar eventualmente suspendida por larga data en esta investigación en la que ya tiene seis meses de dedicación exclusiva, de tal manera que ha parecido razonable adelantarla”, agregando que “lamentablemente, se cruza con el término de su mandato, que ha sido bastante prístino y bien ganado tiene el derecho a entregar el Ejército con honor“.
Respecto a las últimas citaciones a la investigación, en que los inculpados han sido procesados, como sucedió con el general Izurieta, Manríquez sostuvo que “esto va a depender mucho de la materia de la cual se trate, porque en el sistema militar penal y, particularmente, el sistema procesal antiguo, uno opera con las reglas del secreto, entonces los requerimientos no señalan cuál es el área específica en la cual será interrogado, de tal manera que hay que ir preparado para todos los escenarios, ahora, si se trata del tema viajes y de un número determinado, eso a mí me deja tranquilo“.
“En mi opinión sería un poco amargo e injusto que por una citación por la cual uno debe ejercer sus derechos en un Estado democrático y de derecho, eso se aplique como si fuera un agravio (…) sería casi un uso de la justicia para provocar una reacción política“, manifestó Manríquez, agregando que no tiene forma de confirmar o descartar intenciones externas en el caso, “pero no puedo afirmarlo en el caso de la ministra, porque nuestra relación siempre ha sido muy profesional y he notado que sus decisiones son técnicas“. No obstante, expresó, “debo decir sin inocencia que en este tipo de situaciones hay personas desde fuera a las cuales les gusta generar casualidades y apurar estos procesos, vaya a saber uno por qué razón”.
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