Una de las principales promesas realizadas durante la candidatura de Michelle Bachelet fue la creación de una nueva Constitución. Una vez en el poder, la presidenta dio el vamos a un proceso constituyente con participación ciudadana.
Durante 2015, el gobierno liderado por Bachelet dio inicio al camino por la confección de una nueva Carta Fundamental para Chile bajo un mecanismo participativo.
Si bien la ex mandataria no logró culminar el proyecto durante su periodo presidencial, las instancias de participación ciudadana se desarrollaron en distintos lugares del país.
¿Cómo se vivió el proceso? Aquí te lo contamos.
El cronograma por una Nueva Constitución
Para oficializar el proceso, Bachelet dio a conocer el itinerario para la realización del proceso constituyente. De acuerdo a lo establecido, se esperaba que se desarrollara de la siguiente manera:
- Iniciarán una etapa de educación cívica constitucional hasta marzo de 2016
- A partir de marzo de 2016, harán un proceso ordenado de diálogos ciudadanos iniciando en comunas y concluyendo con una síntesis a nivel nacional
- En octubre de 2016 se le entregarán a la Presidenta Bachelet los documentos de dichas bases ciudadanas
- Anunciará un consejo ciudadano de observadores con “ciudadanos y ciudadanas” de reconocido prestigio
- La base ciudadana será utilizada en la redacción de una nueva Constitución
- A inicios del segundo semestre de 2017, dicho proyecto será presentado al Congreso
- A fines de 2016 se enviará un proyecto de reforma para que, con la aprobación de dos tercios de los miembros en ejercicio, se permita establecer una nueva carta fundamental.
- Esa iniciativa buscará habilitar al próximo Congreso para definir el mecanismo de discusión del proyecto a partir de cuatro alternativas (comisión bicameral, convención constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos, convocatoria a asamblea constituyente o un plebiscito)
- Finalmente, un plebiscito vinculante ratificará o rechazará el proyecto definitivo
Sobre su contenido
El texto presidido por la ex jefa de Estado establecía la inviolabilidad de la dignidad humana y el respeto y protección de los derechos humanos, lo cual se encuentra omitido en la Constitución actual.
En lo que respecta a derechos sociales, esta establecería los derechos de los niños, niñas y de los adolescentes, destacando el derecho a la información, a trabajo, o a la gratuidad en la educación.
Del mismo modo, ampliaría el derecho al debido proceso, el derecho a huelga, el derecho a la libertad individual, el derecho a la protección de datos privados o a la calidad en la salud pública.
En materia de género, aparece la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, especialmente en materia salarial.
Por otro lado, buscaba perfeccionar “el derecho a la educación, a la protección de la salud, a la seguridad social, a la inviolabilidad del hogar y toda forma de comunicación privada”.
En cuanto a pueblos originarios, la nueva Carta Magna garantizaría el reconocimiento constitucional de estos, así como también sus derechos, identidad, cultura y su legítima aspiración de tener una representación en el Congreso Nacional
A su vez, Bachelet indicó que “una cuestión clave para la construcción de una democracia sana y convocante es la generación de liderazgos. Para facilitar este proceso, propongo que la duración del mandato presidencial sea de 6 años sin reelección en el período siguiente, ni en los posteriores“.
“Establece un equilibrio entre los poderes del Estado, en especial entre el Gobierno y el Congreso, para permitir el verdadero juego democrático. Se eliminan los quorum supramayoritarios en las leyes y se elimina el control preventivo voluntario del Tribunal Constitucional“, agregó.
¿Y qué pasó?
Pese a los esfuerzos por concretar su modificación total, el 6 de marzo del 2018, y a pocos días de finalizar su gobierno, Bachelet firmó el proyecto de ley por una nueva Constitución.
“En octubre de 2015 abrimos el Proceso Constituyente a un verdadero diálogo cívico para que la nueva Carta Fundamental fuera una construcción colectiva, legítima, y que nos permita asumir los nuevos desafíos del Chile de hoy”, sostuvo.
Según los datos entregados por el gobierno, los encuentros y cabildos ciudadanos realizados entre abril y agosto del 2016 tuvieron alrededor de 204 mil participantes en todo Chile, mientras que otras 17 mil personas participaron en la consulta indígena constituyente.
Respecto a lo anterior, Michelle Bachelet afirmó que “el resultado de ese diálogo fue procesado, sistemática y respetuosamente, por el Consejo Ciudadano de Observadores y el Comité de Sistematización, dando lugar a la entrega de las Bases Ciudadanas del Proceso Constituyente”.
Fernando Atria, abogado constitucionalista, calificó este hito como “un gesto final del Gobierno que muestra compromiso con el cumplimiento de las propuestas programáticas”.
Sin embargo, el sucesor de Bachelet, Sebastián Piñera, decidió cerrarle la puerta al proyecto.
Fue el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien descartó la idea de seguir con el proceso constituyente. “Hay ciertas cosas que queremos que no avancen. No queremos que avance el proyecto de una nueva Constitución que presentó la presidenta Bachelet al terminar su periodo”, sostuvo.
Tras el estallido social en Chile y frente a las demandas de la ciudadanía, la posición del gobierno se vio flexibilizada. Para frenar las manifestaciones y disturbios, el presidente instó a parlamentarios del oficialismo y de la oposición a llegar a un acuerdo por una nueva Constitución.
Concretado el pacto, se espera que en abril del 2020 se realice un plebiscito para que la ciudadanía decida si desea una nueva Carta Fundamental y, de desearla, cuál sería el mecanismo a emplear para su confección.
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