Fernando Sepúlveda es originario de Talcahuano, de profesión bioquímico y académico de la Universidad de Concepción, doctor en Ciencias y busca aportar una mirada científica en la elaboración de la nueva Constitución.
Las áreas de interés del investigador de 38 años son las enfermedades neurodegenerativas y desde 2015 se dedica al estudio del sistema endocannabinoide, que es uno de los principales blancos de acción de la cannabis sativa.
Fue así como ese año cofundó la Fundación de Ciencias para la Cannabis, organización de la que retiró hace más de un año. Del mismo modo, en el laboratorio de la universidad donde se desempeña actualmente se dedica “a comprender cuáles son los efectos de las moléculas que están en la planta, sacar conclusiones que apuntan al uso de benéfico, pero también a los riesgos“.
Sepúlveda compite como independiente y su candidatura a la Convención Constitucional por el Distrito 20 nació de su quehacer académico y de los ciclos de actividades realizadas tras el estallido social, que desembocaron en un proceso de primarias en donde obtuvo un cupo del Partido Ecologista Verde.
“Soy crítico del rol que tiene el Estado y el modelo político que tiene el país y eso es parte importante de la motivación personal, de querer tener un Chile que cambie, una mejor sociedad, un sistema político para las personas”, cuenta.
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Las ciencias en la Constitución
El principal eje de la candidatura del bioquímico apunta precisamente a incorporar las ciencias “como una herramienta para el motor de desarrollo de toda la sociedad, donde el conocimiento es usado no solamente para impulsar la economía y apoyar algunos sectores, sino que un conocimiento que sirva realmente a las personas, que salga del laboratorio y pueda ser utilizado por las personas para su propio beneficio”.
“Nosotros esperamos que la ciencia y la generación de conocimiento sean integrados a la toma de decisión política, situación que ha sido largamente dejada de lado por el Estado. Se han formado comisiones técnicas, pero vemos que no siempre se hacen caso, el Estado no tiene la obligación de escuchar o atender lo que el conocimiento le está diciendo”, explica.
Lo anterior, agrega, se debe a que “la ciencia y generación de conocimiento sale mencionada solo una vez en la Constitución actual y solamente el Estado tiene la obligación de incentivar el desarrollo de ciencias y tecnologías, así como sale en el mismo párrafo de la cultura”.
“El Estado incentiva la generación de conocimiento, lo que pasa es que es muy insuficiente. Por lo tanto, para nuestro objetivo de que las ciencias sean más escuchadas por el aparato estatal tiene que haber un artículo explícito en el cual en el fondo el Estado tenga la obligación de, en situaciones puntuales de la vida del país como son las emergencias sanitarias y crisis medioambientales, fallar y tomar decisiones en base a la opinión de un comité de expertos que el Estado tiene la capacidad de formar”, afirma.
En la misma línea, el académico detalla que también busca que “el Estado pueda comprometerse con estrategias de difusión científico-tecnológica a nivel territorial. Si hubiera un artículo que obligara al Estado a que el conocimiento tiene que llegar a todo el territorio, podría ser de mucha más utilidad para las personas“.
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Calidad en las prestaciones públicas
La candidatura de Sepúlveda también considera otros ejes como mejor salud para animales humanos y no humanos; descentralización del uso de los territorios y naturaleza, la cultura como bien público; educación y vivienda dignas; y redistribución del poder y las elites.
Sepúlveda destaca que “la salud que nosotros esperamos es una donde las personas pueden elegir. Es una idea un poco liberal desde lo valórico, pero en el fondo son ideas que apuntan a que las personas puedan elegir soberanamente sobre su propio cuerpo, sintonizamos con las ideas de aborto, eutanasia, pero también con la idea de que las personas pueden decidir cómo tratar sus enfermedades y ahí entre la cannabis sativa, sin ser un punto que buscamos que explícitamente esté puesto en la Constitución”.
También explica que en los ítems de educación, salud y vivienda “queremos integrar la palabra calidad a la Constitución. Después definamos qué es calidad, pero que desde el paragua que ofrece la Constitución, se comprometa al Estado a que sus programas en esta materia tengan un parámetro de calidad, desde que las personas tengan no solo más acceso, sino que puedan acceder a una buena prestación pública”.
En tanto, sobre la redistribución del poder, el bioquímico detalla que “si tuviéramos una mejor regulación de los grupos privilegiados, en nuestra interpretación podríamos tener mejores pensiones, mejor sistema sanitario, podríamos tener una serie de mejoras en la vida de las personas en situaciones donde hoy día en la práctica prima un interés economicista“.
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Rol de las ciencias en la pandemia
Por último, el experto se refirió al rol que han tenido las ciencias en la toma de decisiones durante la pandemia e indicó que “es un ejemplo bien trágico porque los números están súper complicados, las autoridades le hacen caso a la opinión técnica cuando ya está la embarrá“.
“La ciencia es parcialmente escuchada por la autoridad y eso es parte de nuestra crítica y parte de la motivación para tratar de que las ciencias sean escuchadas desde el punto de vista político. Si hubiera habido una obligación de un comité de expertos de seguir las directrices que los comités se forman patrocinados por el Estado, probablemente no estaríamos en esta situación sanitaria”, continuó.
En ese sentido, aseguró que “el Estado ha escuchado muy tardíamente a las ciencias y eso es un problema porque en el escenario en que estamos, escuchar tardíamente significa vidas, significa gente que muere y es terrible, porque si bien se dice que este virus no perdona situación socioeconómica, la verdad es que vemos que si, vemos que mueren más personas de estratos sociales bajos que altos y en eso la estadística sanitaria es bastante clara”.
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