Había una vez una democracia donde, se supone, todos los ciudadanos y ya ninguna empresa financiaban las campañas. Los parlamentarios elegidos para, se supone, trabajar mejor contrataban serios y capaces expertos que realizaban informes.
Esto se, se supone, era útil para redactar buenas leyes. Y un día, pérfidos fiscales quisieron ver si los informes existían y no eran copy paste. ¿Una historia? Sí, pero no de cuento, ocurre en Chile.
Aquí hay suficientes antecedentes de que no todos los documentos son útiles, que algunos son copia y otros ni existen.
Pero lo anterior no ha resultados motivo de vergüenza y los senadores, a diferencia de los diputados, tuvieron la audacia de declarar que no entregarían los informes a Fiscalía.
Como si fuera poco, los “honorables” contrataron con fondos del Senado, o sea que aportamos todos los chilenos, a un abogado para que los ayude ante el Ministerio Público en una postura que no busca más sino menos transparencia.
O sea, nosotros les estamos financiando la asesoría legal para que ellos no hagan pública información que siempre debió serlo y los ciudadanos quedemos en la más completa oscuridad sobre si el dinero para asesorías se usó de veras en eso.
Financiamos un abogado para negarnos a todos nosotros nuestro derecho a esa información. Dejémonos de cuentos, esto es inaceptable.
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