La indagatoria sobre los tragamonedas reabre una discusión que reaparece porfiadamente en Chile, pese a los intentos de la clase política por sumergirla. Es la relación incestuosa entre intereses privados y políticas públicas.
Escándalos como Corpesca, Penta y SQM nos han mostrado cómo esos intereses privados pueden comprar políticas públicas a la carta, con un amplio repertorio de herramientas, algunas legales y otras delictuales, pero todas con un elemento en común: el peso de los pesos.
Hoy las sospechas recaen sobre el lobby de los tragamonedas y los casinos, un rubro que siempre en todo el mundo ha sido considerado como especialmente vulnerable a la corrupción, por las grandes sumas de dinero que se mueven en mercados regulados, cuya misma existencia depende de las normas que definan las autoridades.
Llama la atención, por supuesto, que un ex alcalde de Santiago diera dura lucha a las máquinas tragamonedas para ahora pasar a actuar como lobbista de esos mismos negocios que funcionan al filo de la ley. También sorprende que un ex superintendente de casinos aparezca participando en este lobby.
Todo esto mientras avanza en el Congreso un proyecto de ley que precisamente cumple la gran aspiración de los dueños de tragamonedas: legalizar ese lucrativo negocio. Una discusión que es perfectamente válida, siempre que se haga con transparencia y sin sospechas de lobbys ocultos o de platas negras.
Por cierto, hay que ser prudente. Sólo sabemos de allanamientos y diligencias, que están lejos de probar un delito. Pero si la investigación sobre un eventual nexo político avanza, es de esperar que surjan las mismas trabas y los mismos obstáculos con que la clase política ya se ha defendido como un solo cuerpo cuando siente que la mano de la justicia se acerca peligrosamente a las áreas oscuras de su accionar.
Esas donde el juego limpio es sólo un ideal.
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