Les llaman “zonas de sacrificio” y el término no puede ser más elocuente. Sobre todo cuando sabemos que esas zonas no son páramos deshabitados, sino que son las casas, los lugares de trabajo, las escuelas y los hospitales de cerca de 200 mil chilenos.
Tocopilla – Mejillones, Huasco – Freirina, Quintero – Puchuncaví, Til Til, Coronel, son esos lugares en que mujeres, hombres y niños conviven con la polución de termoeléctricas, plantas industriales y vertederos. Los mismos que, una y otra vez, deben protestar para lograr algo tan obvio como que al menos no se instalen nuevas plantas contaminantes o se amplíen las que ya existen. Así pasó en Huasco con Punta Alcalde y en Coronel con Bocamina II.
La contaminación es a la vez fuente y consecuencia de la pobreza. Porque no sólo sus habitantes enferman, también pierden fuentes de sustento como la pesca y la agricultura, volviéndose dependientes de esas plantas que se instalaron prometiendo empleo y progreso. Y esa misma pobreza hace que sus reclamos muchas veces sean invisibles, ¿o ustedes creen que una planta contaminante podría pasar décadas enviando a niños al hospital en el sector oriente de Santiago o en las playas más exclusivas del litoral central?
Hay muchas explicaciones sobre cómo llegamos a esto. Que Chile necesitaba energía, que los estándares eran otros, que los efectos sobre la salud no se conocían. Pero no hay ninguna excusa válida para que un país que se vanagloria de su desarrollo siga condenando a cientos de miles de compatriotas al sacrificio.
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