La Fiscalía Nacional y la Asociación de Bancos (ABIF) firmaron un acuerdo de colaboración para impulsar acciones de coordinación público-privada para evitar posibles fraudes u otro tipo de delitos en la materia. Esto con el objetivo de educar y concientizar a las personas en torno a la seguridad de sus datos bancarios y el correcto uso de plataformas digitales.
Los avances de la colaboración se materializarán durante el primer semestre de 2024, e incluye campañas en redes sociales, seminarios, capacitación entre instituciones, entre otras iniciativas.
¿En qué puntos se buscará educar a la población?
- Concientizar sobre los riesgos de involucrarse en delitos por el mal uso de productos y servicios bancarios.
- Alertar de fraudes y otros delitos que pueden afectar al usuario de productos bancarios.
- Advertir de los riesgos de lavado de activos y fraudes en que, aún por negligencia, se puede involucrar una persona usuaria de productos bancarios.
- Prevenir e investigar situaciones de “autofraudes” al amparo de las normas hoy vigentes en materia de tarjetas de pago y transacciones electrónicas.
- Mejorar tiempos de entrega y calidad de la información bancaria necesaria para el avance de las investigaciones criminales.
- Reforzar la seguridad en comunicaciones entre el Ministerio Público y la industria bancaria
El director de la Unidad Especializada en Delitos Económicos de Fiscalía, Mauricio Fernández, señaló que el acuerdo permitirá ayudar a la población para tomar conciencia sobre los riesgos que corren al apoyar posibles delitos.
Además, se podrán “mejorar los tiempos y la información que necesita el Ministerio Público por parte de la banca para mejorar los procesos de investigación en este tipo de delitos”.
Por su parte, el gerente general de la ABIF, Luis Opazo, reiteró el compromiso de la banca con la Fiscalía en la investigación de delitos asociados a productos bancarios. Y señaló que “los bancos continuarán trabajando en promover un correcto uso de los medios de pagos”.
Según dijo, hay conductas, como los auto fraudes, que no solo afectan a las instituciones financieras, “sino también a los ciudadanos a través de un menor desarrollo del sistema con consecuencias negativas en inclusión financiera”.
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