Hace dos semanas, el líder de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, se reunió con el presidente Gabriel Boric y el ministro Mario Marcel con el objetivo de abordar, entre otros temas, la reforma tributaria.
Esta jornada, el gremio empresarial dio a conocer su postura sobre el pacto fiscal que impulsa el Ejecutivo, aseverando que cierran la puerta a un alza de impuestos.
“El pacto fiscal propuesto por el Gobierno busca ser un acuerdo que incluye una reforma tributaria y una serie de otros mecanismos para aumentar la recaudación fiscal. Compartimos el llamado a avanzar en aspectos relativos a la modernización del Estado, la eficiencia en el gasto público, evitar la evasión tributaria y reducir la informalidad, todo lo cual permitiría al Estado contar con más recursos”, señaló la organización a través de un comunicado.
Asimismo, enfatizaron en que “recaudar por la vía de alzas tributarias o nuevos impuestos no es el camino adecuado, pues ello impide que Chile recupere su capacidad de crecer, de crear mejores condiciones para la inversión y de generar empleos formales y de calidad, elementos esenciales para satisfacer de manera sostenible las demandas de la sociedad”.
“Un mayor crecimiento, además, es una importante fuente de recaudación fiscal: un punto de crecimiento económico permite allegar US$800 millones en recursos al Estado“, agregaron.
En esa línea, aseguraron que la economía chilena está estancada “lo que hace especialmente perjudicial aumentar la carga tributaria. El primer trimestre de 2023 la actividad se contrajo 0,6% anual y la inversión retrocedió 2,1%. La mayoría de los analistas espera para este año un desempeño económico en un rango entre -0,5% y 0,25%, y para adelante todas las proyecciones anticipan un crecimiento muy débil, al tiempo que vemos un elevado desempleo y la informalidad superando 27% de los ocupados, lo que significa 2,4 millones de personas trabajando sin ningún tipo de protección”.
“Son acciones que permitan recuperar el ritmo de crecimiento, crear condiciones para que proyectos de inversión se desarrollen en el país, se reimpulsen las concesiones, se generen empleos de calidad y se avance en mayor formalidad en todos los sectores, estableciendo una agenda clara y con plazos definidos para abordar estos desafíos”, aseveró la organización.
“Esto implica disminuir la burocracia y la incerteza jurídica, junto con terminar con sobrerregulaciones y evitar aumentos de costos para las empresas. Son estas las condiciones habilitantes para mejorar la recaudación fiscal y satisfacer las necesidades sociales de manera sostenida en el tiempo, teniendo siempre en cuenta que en el centro de toda discusión están las personas, cuya calidad de vida depende necesariamente de que el país logre salir del desafiante escenario económico en el que se encuentra”, añadieron.
Finalmente, zanjaron que “si bien es evidente que no nos corresponde negociar ni aprobar proyectos de ley- tareas que radican exclusivamente en los poderes Ejecutivo y Legislativo- si es nuestro deber, como representantes de miles de empresas de diferentes rubros, tamaños y regiones, dar nuestra opinión y promover políticas eficaces para el desarrollo de Chile”.
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