El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, anunció este miércoles que esta jornada se publicó en el Diario Oficial la resolución que fija el precio máximo que Fonasa pagará a las clínicas que atiendan a pacientes derivados del servicio público.
Durante el reporte diario del Minsal por el avance del COVID-19, la autoridad detalló que la normativa fija “el precio máximo el cual Fonasa pagará a cada una de las clínicas en la existencia de que se derive un paciente de Fonasa a alguno de estos recintos”.
“Los precios que hemos fijado son los mismos precios a los cuales están instituciones no convinieron al momento de realizar la licitación con Fonasa, que establecía precios máximos, y ahora lo que se ha hecho es obligar a que esas clínicas cobren ese precio máximo que depende del tramo”, precisó.
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En detalle, la norma establece que los montos por persona varían de acuerdo al grado de complejidad del paciente y fluctúan entre $1.953.688 y $4.866.950.
La resolución se ampara en el decreto Nº4 de 2020 dictado el pasado 5 de febrero por el Minsal, que estableció Alerta Sanitaria en el país y otorga facultades extraordinarias, entre ellas, que la cartera “podrá coordinar la red asistencial del país, de prestadores públicos y privados”.
“Para la correcta implementación de las disposiciones señaladas, se hace necesario contar con toda la capacidad de hospitalización pública y privada a precios que descarten cualquier tipo de especulación y que garanticen la transparencia de su financiamiento, resguardando que los precios que se determinen satisfagan los costos variables que se deriven en la resolución de los casos derivados y ajustándose a la complejidad de cada caso”, agrega el texto.
El subsecretario Zuñiga subrayó que se trata de la tercera fijación de precios que ha hecho el Ejecutivo por causa de la emergencia del COVID-19 y que afectará a quienes requieran atención “independiente de su previsión y si es de un hospital o una clínica”.
Esta medida se suma a la fijación del precio máximo por test PCR y al precio máximo por metro cuadrado de arriendo para residencias sanitarios o recintos hospitalarios que ya decretó el gobierno.
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