“El sistema carcelario chileno es un sistema absolutamente anacrónico, es un sistema que usted ve que ha posibilitado por ejemplo que el incendio de la cárcel de San Miguel murieron más de 81 personas de una, y todavía no hay ninguna reparación para
Eduardo Artés.
En materia penal no se asignaron responsabilidades a los Gendarmes, mientras que las causas civiles impuestas por los familiares de las víctimas contra el Estado, aún no han concluido.
Desde el comando del candidato señalaron que existen “varios estudios publicados e incluso las denuncias de organizaciones de familiares de reos muertos en el incendio de San Miguel”.
Tras la tragedia el Ministerio Público, junto a familiares de los internos, interpuso una querella penal en contra de 7 funcionarios de Gendarmería Nacional. En 2014, el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó la sentencia donde absolvió de los cargos por homicidio y lesiones graves a todos los querellados.
No obstante, el tribunal recalcó que “no le cabe ninguna duda de la responsabilidad del Estado en la tragedia del 8 de diciembre en 2010, si bien no se trata de una responsabilidad directa, si de una indirecta al haber contribuido con las condiciones que fueron detonantes”. Cuando ocurrió el siniestro esta unidad penal carecía de detectores de humo, cámaras de vigilancia y rociadores. Además según el fallo de los jueces las redes contra incendio no estaban operativas. Además, se registraba un alto nivel de hacinamiento y una tasa de sobrepoblación del 118%.
INFORME COMISIÓN INVESTIGADORA CÁMARA DE DIPUTADOS (Página 82)
Desde “81 Razones”, organización que reúne a todos los familiares de las víctimas del siniestro, aclaran que no han recibido apoyo desde el Estado y por esta razón tuvieron que recurrir a la justicia civil. “En estos momentos hay 5 grupos de abogados que están llevando adelante demandas civiles en contra del Estado que exigen indemnizaciones por perjuicios. Cerca del 60% de las familias afectadas están representadas en las diversas causas”, dijo su director, César Pizarro. En paralelo al proceso civil, la organización en marzo de 2015 interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aún está a la espera de que se confirme la admisibilidad del caso.
Cabe señalar que en mayo de 2001 en la cárcel de Iquique 26 internos murieron producto de un incendio en este recinto. Los familiares de 23 de las víctimas interpusieron una demanda en contra del Estado y en 2007 llegaron a un acuerdo, donde recibieron una indemnización total de $1.150 millones.