(EFE) – La plataforma Spotify advirtió que puede dejar de funcionar en Uruguay de aprobarse una disposición legal que refuerza los derechos de autor mediante la retribución a creadores por la difusión de sus obras en “internet o redes digitales“, cuya votación parlamentaria está prevista para este martes.
Según indicó en un comunicado difundido este lunes por la prensa local, la compañía sueca, que cuenta con millones de usuarios a nivel global, “no tendría más opción que dejar de estar disponible en Uruguay” si son aprobados dos artículos del proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el Gobierno remitió al Parlamento.
Es que dentro de la norma, que en sus más de 600 artículos define los ajustes presupuestales para 2024, el Poder Ejecutivo incluyó una disposición que, según señaló a EFE el presidente del Consejo de Derechos de Autor de Uruguay, Ignacio Martínez, “es una vieja aspiración de mucha gente de la cultura” del país.
En concreto, dijo, se trata de “remunerar de manera justa o equitativa“, con “un porcentaje” o “compensación” por la difusión de su obra, a aquellos artistas e intérpretes “que no estaban amparados” en la ley vigente y que, acotó, son “sobre todo” del ámbito de la producción musical.
“(Las plataformas) tendrán que ver cómo hacen una distribución pareja que incluya a artistas, intérpretes, ejecutantes que se lo merecen, lo necesitan. (Esto) se paga en el mundo muchísimo, en Europa sobre todo, y Uruguay debería estar, como algunos otros países de América, a la altura de esos avances”, indicó.
Sobre la oposición de diversos actores privados a la medida, el presidente del Consejo, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura del país, sostuvo que se buscó el diálogo con ellos pero no fue fructífero por su posición “un poco conservadora” y “de apropiación de bienes”.
En concreto sobre Spotify, estimó que esta “y otras grandes plataformas” tiene que “ponerse en el papel de los artistas” y destinarles “alguna porción” de los millones de dólares que le genera su trabajo.
“A esas amenazas (de dejar el país) ya las conocemos, se han reiterado en otros países y son comunes para los que quieren perpetuar sus ganancias sin analizar seriamente una redistribución equitativa”, enfatizó.
Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), Raúl Echeberría, señaló que la organización, que agrupa a tecnológicas latinoamericanas o internacionales con presencia regional, se opuso desde un inicio a estos cambios.
“Entendemos que no es un lugar apropiado un proyecto de ley de más de 600 artículos cuando esto tiene una complejidad muy grande que merece una discusión mucho más cautelosa”, dijo, y remarcó que la redacción “genérica” de los artículos respecto a qué plataformas o contenidos regula genera incertidumbre sobre cómo se reglamentará luego.
“El principal efecto negativo lo vemos en la afectación de la imagen de Uruguay en temas centrales a la estrategia de inserción y a mostrarlo como atractivo para el desarrollo de industrias tecnológicas“, redondeó.
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