Si la universidad no hubiera sido gratis en ese entonces, no habría podido estudiar. Llegó a Santiago de su natal La Serena a vivir en una pensión y a estudiar Derecho en la Universidad de Chile.
Junto con el carnet universitario, recibió el de hincha de la U. Le gustaba el fútbol y era bueno para meter goles. Sin embargo, el deporte le duró poco, ya que en segundo año tuvo que empezar a trabajar para costearse sus gastos.
Pronto le tomó el gusto a la libertad que ofrecía el Poder Judicial, donde hizo su carrera por más de 50 años. Fue relator, ministro, vocero y entre el 2010 y 2012, por unanimidad, se convirtió en presidente de la Corte Suprema, le tercera autoridad del país.
Probablemente el caso más importante que le tocó llevar fue el de los tres profesores degollados en 1985, donde condenó a presidio perpetuo a seis agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar).
El año pasado, al cumplir 75 años, se despidió de los tribunales, no para irse a su casa, sino para dedicarse de lleno a la docencia en la Universidad Andrés Bello.
En conversación con CNN Íntimo, Milton Juica Arancibia abordó la crisis social, cuestionó el rol del Estado, de los legisladores, se refirió a las actuales denuncias de violaciones a los derechos humanos y recordó su trayectoria en el Poder Judicial.
A casi dos meses desde que la crisis social, el ex presidente de la Corte Suprema analizó el contexto en que surgió el estallido.
Recuerda que “había un sensación térmica de que la sociedad estaba intranquila, en la que no se daban señales para poder percibir que las soluciones que la sociedad requiere, esta sociedad “moderna”, no eran satisfechas totalmente”.
Asimismo, señala que él miraba cómo el Estado “no tomaba tampoco, en atención, las necesidades de la gente y, por lo tanto, la respuesta masiva tan fuerte es un acto de una reacción casi natural de una sociedad insatisfecha”.
Respecto a si el Poder Judicial contribuyó en ese sentimiento de desigualdad en la sociedad, Juica expone que “quizás los grandes fallos que se han dictado en el último tiempo han causado una reacción. Acordémonos del mote que se da de los jueces garantistas, o de esta justicia que interviene en los asuntos del Estado, en que de alguna manera el Poder Judicial interviene para resolver unos conflictos sociales. El caso de la Isapre, por ejemplo”.
“Hay antecedentes de un interés de esta Corte Suprema, o del Poder judicial, de los jueces, de atender con la ley vigente, necesidades que debían ser resueltas por el legislador”, añade.
A su vez, analiza el escenario en que políticos y empresarios de América Latina están pagando condenas en prisión por distintos delitos, a excepción de Chile.
“Los jueces aplican la pena que la normativa penal establece y, en general, hay un consenso generalizado, y lo saben también los legisladores de que no hay una relación en cuanto a la gravedad en un delito de malversación, defraudación fiscal, cohecho, que tiene una pena poco significativa del punto de vista de la sanción. Es pena de todas maneras, pero en realidad las personas tienen la certeza de que van a tener beneficios que les van a impedir ir a la cárcel”, cuestiona.
En otra línea, justamente cuando se discute la aprobación de la ley antisaqueo, el abogado señala que “el sistema penal contempla toda esa figura”.
“El saqueo es un delito contra la propiedad, que puede conllevar un delito de incendio, que es un delito grave, y está totalmente penado en Chile (…) El saqueo podría ser un motivo de agravamiento de la pena, en que se aprovecha el tumulto”, reflexiona.
En ese sentido, manifiesta que “el conflicto social no se resuelve con una represión mayor penal” y cuestiona las actuales investigaciones.
“Las represiones mayores penales no han tenido hasta este momento ningún superávit social. Todas estas leyes de antidelincuencia, o de darle mayor facultades a las policías, no han significado un mejor éxito en la investigación. La investigación es la que en este momento la que tiene mucho déficit para el buen éxito de un juicio penal y en la investigación no interviene el Poder Judicial”.
Por este motivo, es que enfatiza que “hay una cierta confusión de identificar la justicia con la actividad de la policía, que no tiene nada que ver con el Poder Judicial ni las actividades del Ministerio Público. Los jueces llevan un caso y tiene que pesar la evidencia con el principio de inocencia. El juez no tiene otro mecanismo. La seguridad pública le corresponde al Estado, al gobierno”.
—¿Falló el Estado?
—Aquí está fallando totalmente el Estado, absolutamente. En este tema es una falla del Estado que no ha entendido, que no previno una situación tan fuerte. Al contrario, hubo sesgo autoritario. Cuando se anuncia el alza de los $30 del Metro, la manera de cómo se expresa, es una manera que no tiene nada de agradable. Simplemente se informa ‘mire, hay un panel de expertos que dice que hay que subir’. Lo que sube no importa, hay que acatar eso. Lo que sufre la gente no importa. La manera en cómo se dice eso es tan imperativa. Realmente provoca un dolor, un malestar ante una sociedad que le imponen cosas sin que consideren la necesidad. Falta un gesto de humanidad.
—¿Falló el Estado también en poder preservar la seguridad y el orden?
—Absolutamente.
—¿Usted diría que existe Estado en todas partes hoy día?
—El Estado sigue subsistiendo, pero es un Estado que tiene serias falencias que no provocan una seguridad de que esto pueda solucionarse.
En esta línea, también indica que tanto la democracia como la República están debilitadas porque “no se ve una reacción ni un arreglo sustancial”.
“No puede ser que el país esté pasando por ya cerca de dos meses, ya vamos a entrar en dos meses, en que la gente no puede dormir, no puede trabajar, no puede transitar. Ni en un Estado dictatorial ha ocurrido eso”, sostiene.
Es por ello que también asevera que la institucionalidad está en peligro. “Estamos en una sociedad enferma en estos momentos y no sé cómo se puede sanar. Todo se ve errático, estático por las instituciones”, critica.
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Soluciones versus discusiones partidistas
Tanto el informe de Amnistía Internacional como el de Human Rights Watch sindicaron que hubo casos de violaciones a los derechos humanos desde que comenzó la crisis social.
En ese sentido, Juica señala que jamás pensó que se iban a violar los derechos humanos en democracia.
“Es impensable. La democracia se establece para asegurar los derechos de las personas en un Estado de derecho, en que las personas tengan una cierta seguridad de poder actuar libremente y demostrar, también, libremente sus opiniones o reclamar de las cosas que son necesarias”, argumenta.
A esto, agrega que el estallido social “provocó un efecto positivo de convocatoria”, pero también desató “lo que es inevitable, que las marchas terminan en hechos de violencia”.
“En general fue tan violenta la reacción de parte del vandalismo, que, de alguna manera sorprende hasta la fuerza pública. Eso revela que no hay protocolos establecidos ni tampoco personas con una cierta experiencia para enfrentar situaciones de crisis o de violencia como estas”, indica.
Sobre este punto, agrega que se “revela una cierta inoperancia para controlar y, de alguna manera, anular el foco de violencia”.
A su vez, respecto a si hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos, Juica sostiene que coincide con la postura de José Miguel Vivanco.
“No hay antecedentes, cuando se habla de sistemáticamente, de que hay una cadena de mando. En dictadura -a pesar de que hay algunos que niegan eso, pero yo sé que había una- había un sistema dedicado a reprimir los derechos de las personas, violentamente, había un Estado sistemático de afectación a los derechos de las personas. Eso es muy distinto a esta época porque habría que escudriñar si las personas, los que están en la calle, actuaron, ilegalmente de todas maneras, si es que estuvieron haciéndolo porque había un sistema que les decía ‘háganlo así’. Eso es muy delicado y muy difícil de demostrarlo”, indica.
Respecto a si es necesario que las Fuerzas Armadas resguarden las infraestructuras críticas, comenta que “por regla general no debiera pasar eso”.
“No debieran usarse las FF.AA. por su formación, no porque tengan instinto, tienden a utilizar rápidamente las armas letales, siempre ha sido un peligro más que un beneficio sacar a las Fuerzas Armadas. En este último tiempo no hubo nada positivo sacar a las FF.AA. en cuanto a resultados, fue un contra más que un plus”, reitera.
Asimismo, comenta que “yo no veo todavía un diálogo, una actitud política de un Congreso, de un presidente, que tiendan a ir a la médula del problema. Todavía hay discusiones de mayoría, de minoría, cuando la sociedad les ha indicado mayoritariamente, un millón y medio de personas (que) sale a la calle a decirle ‘no, basta’”.
“El gobierno reconoció que los reclamos de la ciudadanía eran justos. Y que ellos nos hayan escuchado hay un grado de legitimidad del Estado al decir ‘nosotros somos los equivocados, no los que reclaman, nosotros somos los que no escuchamos’. Si esa es la verdad, ahora hay que buscar las soluciones. Pero cuando empieza el debate legislativo, uno se enreda en discusiones partidistas, donde no miran el bien común, sino el interés partidista más que el de la sociedad”, critica.
El gol de media cancha
Cuando salió de la Corte Suprema, Juica dijo que se iba con la satisfacción de devolverle al órgano jurisdiccional su dignidad tras el período de dictadura.
Durante su trayectoria, uno de los recordados casos que tomó fue el Caso Degollados, el cual llegó a él por casualidad.
“Después de casi 10 años de estar en la Corte Suprema, me costó mucho moverme. Estaba naturalmente vetado políticamente. El Ministerio de Justicia no me iba a nombrar, menos el presidente. Pero la Corte Suprema confió en mí en ese momento, me dio traslado y tuvo que cursarse. Coincidió que yo reemplazaba a José Canovas y yo heredaba el proceso de los degollados”, afirma.
Recuerda que cuando tomó el caso, su concepto era que tenía que llegar a un buen puerto. “Se hizo un trabajo de hormiga, porque en un círculo cerrado, donde el silencio es absoluto y la lealtad hay que cumplirla, cuesta mover, entonces, ahí van saliendo cosas pequeñas”, dice.
De esta manera, indica, fue poco a poco rompiendo el silencio netamente con evidencias.
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A su vez, manifiesta que fue un momento complicado, ya que recibió amenazas. “Creó un efecto muy negativo del punto de vista de relación familiar (…) Crean una sensación de vivir en un estado, por muchos años, de eterna vigilancia. Para mí era muy molesto, pero no podía eludir, porque yo tenía una responsabilidad. Pero, finalmente, dio buen resultado”, declara.
Destaca que en su trayectoria este caso fue uno de los más importantes, al igual que el Caso Albania, donde estuvo casi dos años y medio en la investigación hasta que lo nombraron ministro de la Corte Suprema.
Actualmente, muchos de los condenados se encuentran en Punta Peuco y padecen distintas enfermedades. Es por ello que el ex juez asegura que hay que distinguir entre dos factores para sostener si ellos debieran volver a sus casas.
“Una enfermedad física no impide que la persona pueda estar presa sin problemas. Distinta es la situación de una persona que tiene un problema mental. Si una persona pierde la razón, entra en un estado de extinción de responsabilidad, y esa persona puede operar el sistema de declarar el sobreseimiento de su situación por locura o demencia y eso está previsto en el legislador. Si no ha operado es porque quizás esa persona no está en una condición tan delicada de demencia o locura”, explica.
Asimismo, enfatiza en que “el sistema por supuesto que no va a mantener una condena con una persona que no sabe que lo qué es, ni quién es, ni qué hizo (…) Una persona privada de razón es inimputable, pero hay que demostrar que es inimputable. En algún momento Pinochet fue declarado inimputable también, cuando después apareció comprando libros y leyendo en San Diego. Ahí se dieron cuenta que nos habían pasado un gol de media cancha”.
Poder Judicial: Más satisfacciones que frustraciones
Tras años de vocación, no duda en responder que su mayor satisfacción como juez fue el hecho de tener la posibilidad de formar una familia y de desarrollarse profesionalmente “sin tener nunca una dificultad”.
“Nunca tuve que pedirle permiso ni favores a nadie. Por eso es por lo que defiendo tanto la independencia y la imparcialidad de los jueces. Uno tiene que practicar y predicar con el ejemplo”, señala.
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A su vez, asegura que no tuvo grandes frustraciones en el Poder Judicial. “Si hubiese tenido frustración, quizás habría dejado de ser juez. Podrían haber sido situaciones esporádicas. A veces uno postula, le va mal, pero son cosas de la vida”, recuerda.
“Fui postulado para ser presidente de la Corte Suprema y naturalmente ese Senado, formado por militares, me vetó. Por lo tanto, tuve que esperar tres años. No fue una gran frustración, a la larga son las reglas del juego, pero fue una injusticia porque no se hizo valer ninguna razón, digamos objetiva. Yo creo que fue una situación política”, recalca.
Sin embargo, finalmente se convirtió en la tercera autoridad más importante del país. Ahora mira ese momento con mucho orgullo y esfuerzo. “Creo que merecí ser presidente de la Corte Suprema. No hubo nunca un obstáculo para ello. Hice una carrera sin objeciones”, agrega.
“En realidad, ese es uno de los logros más importantes que puede aspirar un juez, no pueden todos serlo, por desgracia. Pero llegar a serlo y estar todavía más, estar cerca de ocho años más trabajando en el Poder Judicial, presidiendo a la sala penal que hizo mucho por los derechos humanos, en la que también me siento muy orgulloso de haber contribuido, en, por lo menos, satisfacer mínimamente el dolor de mucha gente que sufrió tanto con una dictadura tan terrible como la que tuvimos”, concluye.
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