“Existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela”, es parte del informe entregado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, tras su paso por el país caribeño.
La visita de la Alta Comisionada tuvo lugar entre el 19 y 21 de junio pasado, instancia en la que se reunió con “muchas contrapartes”, como el presidente Nicolás Maduro, altos cargos de 17 ministerios, Juan Guaidó y diputados de oposición.
“Cumple con las expectativas”, dijo la abogada de la Coalición de Derechos Humanos de Venezuela, Ana Leonor Acosta. “Se pudo percibir en la visita de la Alta Comisionada que los venezolanos no tenemos donde denunciar”, dijo Acosta.
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En tanto, desde el gobierno de Nicolás Maduro acusaron que dicho informe “presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada” y presentaron 70 observaciones al documento.
“El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos, recogidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena“, dice el documento.
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