Pese a que una jueza ordenó su prisión preventiva, el ciudadano venezolano Alberto Carlos Mejía fue dejado en libertad y logró escapar del país a través de un paso fronterizo no habilitado en Arica. Hoy se encuentra prófugo y con alerta roja de Interpol, mientras la Fiscalía investiga no solo su rol como sicario, sino también las responsabilidades detrás de su inexplicable excarcelación.
Una grave falla en el sistema judicial y penitenciario ha desatado un escándalo que golpea directamente al Poder Judicial y a Gendarmería.
Esto, tras la liberación, aun sin explicación oficial, de Alberto Carlos Mejía, un ciudadano venezolano imputado por el homicidio calificado del comerciante del Barrio Meiggs, José Reyes.
El caso comenzó a escalar públicamente el pasado 15 de julio, aunque los antecedentes se remontan varios días antes.
Los detalles de un peligroso error
Mejía, quien inicialmente fue identificado como Osmar Ferrer, había sido formalizado el 9 de julio por su presunta participación como sicario en el crimen, vinculado a un pago de cerca de 5 millones de pesos.
Durante esa audiencia, la jueza Irene Rodríguez, del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, ordenó su prisión preventiva. Sin embargo, apenas 24 horas después, el imputado fue dejado en libertad por error y, hasta hoy, se desconoce cómo pudo salir del penal Santiago 1.
La Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó que Mejía aprovechó el fallo judicial para fugarse del país.
De acuerdo con la investigación liderada por el fiscal Miguel Ángel Orellana, el imputado cruzó hacia Perú por un paso fronterizo no habilitado en Chacalluta, Arica, la noche del 12 de julio.
La huida ocurrió tres días antes de que se hiciera público el caso, dejando al descubierto una serie de errores graves en la cadena de custodia judicial.
Actualmente, Mejía se encuentra prófugo y con una alerta roja de captura internacional emitida por Interpol.
La Fiscalía indicó que Carabineros, a través del Departamento OS9, logró rastrear sus movimientos tras salir del penal, lo que permitió establecer que abandonó el país por una ruta irregular.
Viaje pagado en efectivo y destino incierto
Una de las pistas clave en la investigación apunta a un millonario pago en efectivo a un conductor de aplicación, quien transportó a Mejía desde Santiago hasta Iquique en un viaje que duró más de 20 horas.
Posteriormente, el prófugo se trasladó hasta Arica, donde cruzó hacia territorio peruano.
Según consignó La Tercera, el pago al chofer fue de aproximadamente $2,5 millones.
El conductor, al reconocer al pasajero en afiches policiales y reportajes televisivos, decidió presentarse voluntariamente ante la policía para entregar su testimonio.
El Ministerio Público no descarta que Perú haya sido solo una escala en la fuga del imputado. Mejía podría estar intentando llegar a Colombia, Venezuela o incluso Estados Unidos, siguiendo rutas ya utilizadas por miembros del Tren de Aragua, organización criminal con la que estaría vinculado.
Uno de los temores de los investigadores es que el imputado logre ingresar a su país natal, Venezuela, desde donde sería prácticamente imposible su extradición, debido a las limitaciones constitucionales que impiden entregar a ciudadanos venezolanos requeridos por otros países.
Dos investigaciones en curso y el celular de la jueza incautado
La causa se ha dividido en dos aristas: por un lado, la Fiscalía Oriente sigue el rastro del imputado y profundiza en la investigación del sicariato; por otro, la Fiscalía Occidente busca esclarecer cómo se produjo su liberación.
En ese contexto, el fiscal regional Marcos Pastén ya tomó declaración a la jueza Rodríguez y ordenó la incautación de su teléfono móvil, así como de otros dispositivos electrónicos involucrados en el procedimiento.
En un comunicado emitido este lunes, la Fiscalía Oriente aseguró que se mantienen las gestiones para dar con el paradero del imputado en el extranjero y establecer coordinación con organismos internacionales para lograr su captura y posterior extradición.