Ya fue publicada en el diario oficial y ahora comienza una nueva etapa para la Ley de Educación Superior: en un plazo de 60 días en que los planteles adscritos a la gratuidad deberán decidir si se mantienen o no en esta política de financiamiento.
La nueva legislación trae consigo un cambio de reglas. Entre ellos la limitación de los aranceles que pagarán los alumnos que pertenecen desde el séptimo al noveno decil, ya que los estudiantes sin gratuidad, de instituciones adscritas, no podrán pagar más del 40% del arancel regulado en el caso del séptimo y octavo decil, y un 60% más en el caso del noveno.
Esos son los factores que tienen en la disyuntiva a algunas universidades. El rector de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Silva, fue claro en señalar que “nosotros no vamos a sacrificar la calidad por la inclusión”. Además, asegura que se formará una élite económica.
En cambio, el rector de la Universidad Autónoma de Chile, Teodoro Ribera, piensa que “una universidad no le puede dar la espalda a sus estudiantes”. Es por ello que asegura que “la universidad va a mantenerse en la gratuidad en la medida en que la gratuidad permita que la universidad subsista”.
Otras personas llaman a bajarle el perfil a la elección que las casas de estudio deben realizar. Tal es el caso de la la ex jefa de Divesup, Alejandra Contreras, quien señala que “hay que recordar que esta es una decisión que se puede tomar todos los años”.
Ahora los planteles tienen hasta el 29 de julio para tomar la decisión.
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