Esta semana, la Corte Suprema envió un oficio a la Cámara de Diputados en el que se pronuncia acerca de la reforma integral al sistema de adopciones -que fue despachado al Senado en mayo pasado-, el cual permite la adopción homoparental y lesbomaternal.

Dicho documento destaca que el proyecto “permite que dos personas, si distinción de sexo, orientación sexual o identidad de género, puedan solicitar la adopción de un niño, niña o adolescente (NNA), según se desprende de los artículos 1°, 5°, 28° y 35°, lo que constituye un avance hacia la plena igualdad ante la ley y dignidad de todas las personas“.

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A la vez, en el informe se cuestiona la indicación impulsada desde la UDI que establece que “si el niño, niña o adolescente manifiesta su voluntad de tener un padre y una madre, el juez deberá considerarlo de forma preferente”.

Sobre este punto. el máximo tribunal dice que “la restricción consistente en que la consideración preferente solo existirá respecto del NNA (Niños, Niñas y Adolescentes) que desea ser adoptado por una madre y un padre no concuerda con la garantía de igualdad ante la ley reconocida en la Constitución, pues al resto de los NNA no se les otorgará dicho trato preferente. Asimismo, se infringe lo dispuesto en el artículo 2° de la Convención de Derechos del Niño, la cual prohíbe toda discriminación en el ejercicio de los derechos”.

Asimismo, la corte afirma que la norma “trasunta el deseo de favorecer a las parejas constituidas por un hombre y una mujer, generándose un espacio de privilegio respecto de parejas que se conforman de forma distinta, lo cual desconoce el derecho de los NNA, reconocido en el proyecto a vivir en una familia sin importar su composición”, tal como garantiza el proyecto.

La presidenta del gremialismo, Jacqueline Van Rysselberghe, se refirió a este oficio y señaló a La Tercera que la opinión de la Suprema “es, más bien, ideológica y valórica que jurídica”, y agregó que “ellos están acostumbrándose a actuar como legisladores y esa no es su función. Y, por lo demás, la opinión que se le pide a la Corte Suprema no es vinculante”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, valoró que el tribunal reconociera los avances impulsados por el gobierno. Sin embargo, se mostró contrario a los cuestionamientos hechos a la enmienda: “Si un niño manifiesta una opinión en ese sentido (la voluntad de tener un padre y una madre) durante un proceso de adopción, no puede sino consignarse y tenerse presente esa opinión, tan simple como eso”.

“Negar valor a esa opinión atenta contra el interés superior del niño“, precisó el secretario de Estado.

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