La Corte Suprema otorgó cinco títulos póstumos de abogado a los familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet y que figuran en el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, o Rettig.
En concreto, se entregó el título profesional a los familiares de los detenidos desaparecidos Cecilia Gabriela Castro Salvadores y Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida, y a los ejecutados políticos Patricio Munita Castillo y Juan Ramón Soto Cerda, quienes obtuvieron el grado de licenciado póstumo en ciencias jurídicas otorgado en marzo de 2018 por la Universidad de Chile.
Marcos Orlando Letelier del Solar, quien también fue un ejecutado político de la dictadura, obtuvo el grado de licenciado en la casa de estudios en 1958.
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La ceremonia
El acto solemne se realizó luego de que en enero pasado el Pleno del Máximo Tribunal acogió en expediente una solicitud conjunta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y del Colegio de Abogados, encabezada por la Comisión de Derechos Humanos de la Orden, en un primer momento bajo el impulso de la ex consejera -actual presidenta del Partido Socialista- Paulina Vodanovic y luego de su actual presidenta, Macarena Carvallo.
La moción, aprobada de forma unánime por el Consejo General de la Orden se fundamentó en que el Estado de Chile está obligado jurídicamente en virtud de Tratados Internacionales a la promoción, protección y reparación a las víctimas de graves violaciones de sus derechos humanos.
Este homenaje es una manifestación concreta de la garantía de no repetición de crímenes de lesa humanidad en forma de reparación simbólica a los familiares de las víctimas y la sociedad en su conjunto.
Carvallo destacó el camino recorrido, desde el año 2019, para llegar hasta esta ceremonia: “Estos actos de reparación y reconocimiento son necesarios para, en parte, aliviar el dolor que significó para las familias la pérdida de un ser querido y para no olvidar que el respeto de los derechos humanos es un valor esencial en nuestra sociedad”.
A la ceremonia asistieron familiares de los homenajeados, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos; el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo; entre otros personeros de entidades y autoridades de la casa de estudios.
“Es una ceremonia especial y trascendente, porque no solo estamos acá para entregarle el título de abogado y abogada a quienes lamentablemente no pueden estar presentes, prestar el juramento y ejercer la profesión que hoy oficialmente se les reconoce, lo hacemos como forma de reparación que, siendo simbólica, constituye un paso concreto para cumplir en forma cabal ese propósito para las personas directamente afectadas, sus familiares y la sociedad en su conjunto“, dijo el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes.
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