Contraloría detectó graves irregularidades en planillas Excel que eran usadas por el organismo de Gobierno.
En 2014 Michelle Bachelet asumió su segundo mandato presidencial con una promesa de campaña clara, reducir los índices de delincuencia y violencia en el país. El instrumento para conseguirlo fue el plan “Seguridad para Todos” a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Pero la evaluación del trabajo encargado a dicho órgano del Gobierno no es para nada auspiciosa, identificando altas cifras de victimización que superan el 20% en casos de robos con violencia y un 40% en casos de robo con fuerza en viviendas.
Pero si eso ya suena grave lo que viene es peor.
El área de Reportajes de Chilevisión Noticias tuvo acceso al informe de la Contraloría General de la República, el que detectó en 2017 serias irregularidades administrativas en el manejo de dineros y presupuestos de la cartera de gobierno, los que eran administrados a través de planillas Excel, las que no logran explicar el paradero de $122.300.450.000.
Uno de los más indignados con esta investigación es el diputado Jorge Alessandri, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, quien criticó a la Subsecretaría por pasar, según dijo, de un presupuesto de $10 mil millones a $40 mil millones con pésimos resultados en la gestión de 27 metas, entre las cuales 16 tuvieron impacto cero en la ciudadanía.
“Si tu diriges una entidad profesional y te pones metas y tu ente fiscalizador es la Contraloría y te pregunta cómo va usted con sus metas y contestar no tengo como saberlo porque no tengo como medirlo”, dijo el parlamentario calificando esta respuesta como “un payaseo”.
Tras asumir el gobierno, Michelle Bachelet anunció con bombos y platillos la puesta en práctica de este plan, ocasión en la que dijo “sabemos que mejores resultados en seguridad pública también significan más libertad, mejor calidad de vida y un país menos desigual”.
No obstante, el informe de la Contraloría destaca dos en dos puntos los escollos con los que tuvo que lidiar para intentar averiguar el destino del dinero el que aún es desconocido.
Según detalla el documento, existe una “ausencia de un instrumento que permita medir el grado de cumplimiento de cada meta comprometida en el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito”, y precisa que la entidad “no contaba con documentación que diera cuenta del estado de avance detallado del plan”.
Chilevisión Noticias intentó tomar contacto con parlamentarios de la Nueva Mayoría para obtener su testimonio respecto a esta denuncia, ninguno estuvo disponible, excepto la diputada PC Camila Vallejo.
“Hay una ineficacia que lleva a una incertidumbre brutal si es que se cumplió o no se cumplió (las metas), porque no se sabe si se cumplieron las metas uno se pregunta para qué se usó la plata”, señaló.
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