La senadora del PS respondió al TC tras el requerimiento presentado en su contra, luego de la controversia generada por la fallida venta de la casa del expresidente Allende, ubicada en la comuna de Providencia.
Durante la tarde este jueves, la senadora Isabel Allende, respondió al Tribunal Constitucional (TC), luego del requerimiento presentado en su contra.
Cabe recordar que se presentaron dos requerimientos para solicitar la cesación del cargo de la legisladora. El primero fue presentado por los diputados Agustín Romero, José Carlos Meza, Luis Sánchez, Clara Barchiesi, Cristián Araya Lerdo, Stephan Schubert, Harry Jürgensen, Renzo Trisotti, Catalina del Real, Benjamín Moreno, Sofía Cid y Juan Irarrázaval.
El segundo fue interpuesto por los parlamentarios Gustavo Benavente, Daniel Lilayú, Sergio Bobadilla, Flor Weisse, Jorge Guzmán, Christian Matheson, Frank Sauerbaum, Camila Flores, Hugo Rey y Paula Labra.
La mayoría de los parlamentarios mencionados anteriormente pertenecen a la oposición. El abogado de la senadora del PS, Gabriel Osorio, solicitó el rechazo de ambos requerimientos.
La respuesta del abogado de la senadora Allende
Sobre la controversia generada respecto al inmueble ubicado en la calle Guardia Vieja, comuna de Providencia, Santiago, explicó que este procedimiento se realizó bajo la Ley N° 21.640, de Presupuesto del Sector Público para el año 2024, la cual aprobó expresamente recursos para la adquisición de casas presidenciales.
En el documento, el abogado señaló: “En cumplimiento de dicho mandato legal, y siguiendo las instrucciones de la Presidencia de la República en la materia, el Servicio del Patrimonio Cultural y el Ministerio de Bienes Nacionales iniciaron el procedimiento administrativo destinado a la adquisición de dichas viviendas”.
Asimismo, complementó que la apertura “del procedimiento administrativo de adquisición del bien inmueble en cuestión no tiene un interés privado, sino un interés eminentemente público”.
En esa misma línea, subrayó que “no puede entenderse esta adquisición como una mera compraventa de un inmueble entre particulares, como mañosamente intentan presentar los requirentes. Estamos frente a un procedimiento administrativo de adquisición, una contratación administrativa autorizada por la ley“.
Por tanto, reiteró que su clienta “no hizo uso del cargo de senadora para la realización de la adquisición por parte del Fisco de Chile. Como se ha reiterado, y que nunca fue señalado en ambos requerimientos, el procedimiento de adquisición de casas presidenciales es una iniciativa del Poder Ejecutivo”. Además, remarcó que ella, “en representación, es sólo dueña de una alícuota equivalente a un tercio de la propiedad”.