Un nuevo conflicto se desató en estos días en estos días en Magallanes, debido a los planes de la empresa noruega Nova Austral, que tiene sus ojos puestos en el Canal Beagle, una zona que no ha sido explorada hasta ahora por las salmoneras.
El pasado 7 de junio, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (FF.AA.) confirmó la caducidad de las cuatro concesiones que la filial de Nova Audtral, Cabo Pilar S.A. mantiene en las aguas de la Reserva Mundial de la Biósfera, Cabo de Hornos.
Sin embargo, según fuentes consultadas por El Mostrador, la empresa estaría aprovechando que el contralor Jorge Bermúdez aún no toma razón de la resolución adoptada por la Subsecretaría para las FF.AA., para presentar un recurso de protección, que busca dejar nula la inhabilidad.
En declaraciones al medio local El Pingüino, la empresa se defiende y acusa que no han sido notificados de la decisión de la Subsecretaría. “Nadie nos ha notificado, ni hemos tenido derecho a defendernos, lo que es absolutamente ilegal e irregular“, señalan.
Fuente Imagen: El Pinguino.com
La primera concesión otorgada a Nova Austral fue en el 2009, por lo que correspondía su renovación en el 2014. No obstante, para obtener el nuevo permiso, se debía ratificar que la empresa ya estaba realizando operaciones. Hasta la fecha aún no comienzan las actividades en la zona, por lo que manifestantes en contra de las pesqueras plantearon esta situación, lo que llevó al Sernapesca a regularizar, proceso que radicó en la caducidad de las concesiones.
La bióloga de la Universidad de Magallanes, Tamara Contador, destaca que la zona del Canal Beagle es de suma importancia para el mundo entero, ya que es una de las 24 áreas prístinas del planeta. Según explica a El Mostrador, un eventual inicio de operaciones de la firma noruega en esta zona podría traer resultados “devastadores”.
“No hay forma de poder medir este potencial impacto. No hay estudios que determinen la fragilidad del ecosistema subantártico. El Canal Beagle es uno de los canales patagónicos más diversos que hay. Hay flora y fauna nativa y endémica que podrían verse afectados”, sostiene la bióloga.
De todos modos, la empresa insiste en instalarse en la zona y presentó un recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), por la “omisión arbitraria e ilegal” de dicho Servicio para la entrega de las clave “SIFA” (Sistema de Información para la Fiscalización de Acuicultura), es decir, las concesiones.
Trabajadores de la salmonera han salido en defensa de la empresa que les da empleo. Por esto, en la última marcha realizada en Magallanes se movilizaron más de 400 automóviles a favor de Nova Austral. Esto debido a que, según advirtió la empresa, más de mil trabajadores serán despedidos si no se obtiene la renovación de la concesión.
Sin embargo, organizaciones y movimientos sociales, junto a comunidades locales desmienten esto último, precisando en un comunicado que “los dirigentes sindicales están siendo utilizados por los intereses de los grandes empresas nacionales y extranjeras de los sectores industriales pesquero, salmonero y minero, a chantajear a los trabajadores de Nova Austral y de Mina Invierno”.
“Señalamos que si se sigue permitiendo la expansión salmonera en la región, generará los mismos efectos devastadores que esta industria ha provocado durante 25 años en el Archipiélago de Chiloé”, agregan.
Fuente imagen: Mundo Acuicola
La ley Navarino
Otra polémica que ha circulado en el último tiempo tiene relación con que Nova Austral ha logrado obtener, entre el 2015 y 2018, bonificaciones de más de 80 millones de dólares por la denominada Ley Navarino.
Se trata de una normativa, que data de 1985, que establece una serie de franquicias tributarias y aduaneras a favor de los contribuyentes radicados en la XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena, específicamente en la Isla de Tierra del Fuego, Cabo de Hornos y parte de la costasur del Estrecho de Magallanes, por un periodo de 50 años.
Las firmas que reciben este beneficio quedan exentas de pagar impuestos si venden o trasladan productos a las regiones más nortinas de Chile o a otros países. A la vez, el Ejecutivo bonificará en un 20% el valor de los bienes que producen las empresas o el valor de los servicios prestados.
“Resulta impresentable que el Estado esté beneficiando de esta manera a una empresa que lleva años contaminando las aguas del Parque Nacional Alberto de Agostini y que ahora pretende expandirse al canal Beagle, lo que ha intentado hacer, pese a no haber sido autorizada para ello”, declaró Mauricio Ceballos, vocero del área de Océanos en Greenpeace.
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