Para el próximo 6 de enero se espera que el gobierno envíe al Congreso la reforma al seguro público, entre cuyos cambios se destaca la fijación de plazos de atención máximos para todas las enfermedades y prestaciones.
Estos plazos serán establecidos a partir de variables clínicas como el riesgo de secuelas en los pacientes, pronóstico y severidad del cuadro.
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Para esto, un consejo asesor junto a un panel de expertos se encargará de analizar las distintas patologías, las que serán agrupadas en cuatro categorías que determinen el plazo tope de resolución. A continuación, los especialistas establecerán las semanas o meses para la atención de cada grupo en un decreto con fuerza de ley.
Esta medida tiene como objetivo reducir en gran medida las listas de espera que afectan a los usuarios de Fonasa.
Así lo explica a La Tercera el ministro de Salud, Jaime Mañalich: “Hoy, la espera para una cirugía No Auge puede llegar a tres años y para una interconsulta de especialidad son dos años. Eso se va a disminuir de manera muy importante, porque una vez fijado el plazo, si la persona no recibió la atención, adquiere el derecho legal a ser derivado a otro centro“.
Este último punto tiene relación con uno de los objetivos centrales del proyecto de reforma: Fonasa podrá generar diversas redes de prestadores, de acuerdo a criterios geográficos y de especialidad. Esto permitirá que, en caso de que el hospital de referencia no atienda a un paciente en el plazo establecido, la persona podrá ser derivada a un segundo prestador de la red definida.
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De esta forma, las redes de Fonasa se ampliarán, dejando a los hospitales regionales base como el centro de atención en primera instancia, luego al pensionado del mismo recinto, los hospitales institucionales y universitarios y, finalmente, las clínicas privadas.
En el caso de los centros privados, se dispondrá de un convenio con el seguro público para que cobren el mismo valor que gastan los hospitales en la atención de enfermedades, fijando un monto fijo por soluciones médicas o “paquetes de atención”.
“Fonasa tendrá la potestad de organizar su red y ofrecer a los prestadores que quieran entrar a esta, pero al mismo precio que paga en el sector público, porque queremos financiarlo adecuadamente y no generar un escape de recursos hacia los privados”, agregó el titular de Salud al citado medio.
Se estima que el nuevo Plan de Salud Universal tendrá una cobertura del 80% y plantea mejoras en la cobertura de insumos, copagos y medicamentos. Incluirá también prestaciones preventivas, atenciones de urgencia, el Auge/GEs y un seguro catastrófico.
Por persona, el ministerio de Salud informó que tendría un costo de $70.000 mensuales por persona, cerca de 30 mil pesos más de lo que actualmente gasta Fonasa.
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