Por los casos fraudulentos, responsabilizó a la estructura de poder en la transición y aseguró que hubo una utilización política de los DD.HH.
En entrevista con Tomás Mosciatti, el presidente de la asociación nacional de exonerados y presos políticos, Raúl Celpa, y quien en el pasado denunció la existencia de “falsos exonerados”, aseguró que demoraron en ser escuchados precisamente por lo que estaban planteando. También aseguró que la Contraloría ha tenido una política contradictoria en las últimas décadas y que su jurisprudencia no es cumplida por la propia institución.
Celpa además aseguró que aunque la Contraloría estimó en 3 mil los casos fraudulentos, tras la investigación aleatoria, la asociación estima que el número total asciende a 100 mil “El total son 160 mil y 100 mil son falsos”, puntualizó. Además, también explicó que actualmente se están gastando cerca de 400 millones de dólares anuales en gasto de exonerados políticos. “Para generar, y eso es la tremenda injusticia, pensiones reparatorias para los verdaderos exonerados políticos de 130 mil pesos. ¡De 130 mil pesos!“, remarcó en conversación Tomás Mosciatti.
“Nosotros planteábamos una crítica frontal, a lo que era una política de derechos humanos, levantada por el Estado de Chile, a partir de 1990, que lo único que hacía era revindicar la democracia de los acuerdos, donde los derechos humanos eran un instrumento negociador”, remarcó. “Los derechos humanos servían de instrumento para llenar espacios de poder, ahí tenemos una ley de amnistía no derogada con los principales criminales del país impunes”, agregó Celpa asegurando que las leyes de reparación fueron “todas instrumentalizadas” con fines electorales.
Celpa además afirmó que los dineros de los exiliados, provenientes de “la solidaridad internacional”, fueron utilizados por una ONG “que está compuesta por connotados miembros de la Concertación” y remarcó que no se realizó una investigación criminal. “Lo que buscaron fueron acuerdos con las víctimas, que ya habían sido victimizados, para condonarles deudas que tenían con el banco Estado y acciones de apremio producto de estas deudas”.
Raúl Celpa responsabilizó de la situación a la estructura de poder, la utilización política de los Derechos Humanos y además a los parlamentarios de la Concertación involucrados. También recalcó que los parlamentarios que avalaron certificados deberían ser encarcelados, ya que tenían “absoluta conciencia” de lo que estaban haciendo.
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