La ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales entrega una opción para que instituciones privadas puedan declararse objetoras de conciencia en casos de convicción religiosa, ética, filosófica o moral. Esto, provocándo incertidumbre en el cumplimiento de las isapres sobre un eventual requerimiento de las mujeres a practiar el aborto.
Sobre eso, la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, pidió a la Superintendencia de Salud que se resguarde la atención y que las isapres garanticen el cumplimiento de la normativa.
“Aquellas isapres que han establecido planes cerrados o preferenciales con estas instituciones, van a tener un problema en el momento que una mujer necesite la prestación (…) el decreto no es lo suficientemente claro en relación a los planes cerrados o preferenciales. Solamente hablan de los planes de libre elección”, comentó la diputada Cariola.
El documento presentado, pide que se fiscalice a las instituciones y que se asegure que las mujeres no sufrirán un aumento del costo de sus planes o que deban pagar de manera externa al invocar alguna de las tres causales existentes en la ley.
Por su parte, el ministerio de Salud no descartó realizar cambios en las exigencias impuestas a los objetores tras las peticiones de las mismas instituciones privadas. “Vincula el protocolo a otras prestaciones distintas a la ley y el reglamento. Y esa es la parte muy específica que nosotros nos hemos abierto a revisarlas mérito a los antecedentes que ellos han aportado”. expresó el ministro de Salud, Emilio Santelices.
Para más detalles, revisa la nota completa en el video adjunto.
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