El proyecto de aborto legal fue presentado como una de las grandes promesas en la campaña de Gobierno. Sin embargo, desde 2022 a la fecha, la iniciativa no ha podido ser presentada y ni siquiera ha sido discutida en el Congreso. Hace pocos días, el Ejecutivo anunció que será ingresada prontamente a la Cámara Baja, pero surgen dudas, ya que este es el último año de la actual administración y es complejo que los tiempos puedan calzar.
Hace exactamente un año, el 1 de junio de 2024, el presidente Gabriel Boric anunciaba en su tercera cuenta pública que presentaría el proyecto de ley sobre aborto legal en Chile.
Hasta la fecha, la iniciativa no solo no ha sido presentada, sino que una de las grandes promesas del Ejecutivo ha pasado por una serie de modificaciones que han ido difuminando la propuesta inicial. Y a pesar de que recientemente la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, anunció que sería presentado próximamente, a la actual administración le queda poco más de nueve meses al mando, por lo que la discusión, aprobación y eventual promulgación del aborto legal es algo que, hasta ahora, se prevé complejo.
La situación, en todo caso, tuvo su origen hace un par de años.
Mientras era candidato a la Presidencia, Boric incluyó en su programa de gobierno, en el apartado de derechos sexuales y reproductivos, la idea de la interrupción voluntaria del embarazo.
“Además de la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer para garantizar el pleno cumplimiento de los derechos expresados en la CEDAW, iniciaremos reformas legales, siendo la más relevante la legalización del aborto, superando el paradigma penal y poniendo la decisión de la mujer en el centro, conforme a los principios de autonomía e integridad corporal”, se lee en el documento presentado ante el Servicio Electoral (Servel).
Esas consignas, sin embargo, no han podido ser cumplidas.
El presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública 2024/Agencia Uno
En el primer año de Gobierno, en octubre de 2022, la titular de la Mujer anunció en Tolerancia Cero de CNN Chile que el Gobierno se encontraba trabajando en el proyecto de aborto libre y que el 28 de septiembre –Día de Acción por el Aborto Seguro-, se “puso en marcha la conversación respecto a cuál es el modelo legislativo que se podría adoptar en nuestro país y qué es lo que estratégicamente conviene hacer”.
En esa oportunidad también afirmó respecto al límite de semanas que “no hay ninguna legislación en el mundo que no la tenga, hay distintas experiencias y hay que mirar qué se adapta más a Chile”.
Ya en 2023, los Ministerios de la Mujer y de Salud lanzaron un Manual de Fiscalización de la ley 21.030, promulgada en septiembre en 2017 y que establece tres causales para la interrupción voluntaria del embarazo: inviabilidad fetal, violación o peligro para la vida de la madre.
El documento está dirigido a profesionales de las Seremis y/o de la Superintendencia de Salud, para supervisar el correcto funcionamiento de la normativa de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Su objetivo, según la cartera, es “estandarizar el proceso de supervisión de la ley 21.030 para las instituciones públicas y privadas, entregando una pauta técnica para evaluar el cumplimiento de los cuerpos normativos de la ley, basado principalmente en las funciones de la red asistencial, nivel de atención, entrega de información, consentimiento informado y constitución de las causales”.
A pesar de que en los primeros dos años de administración el proyecto de aborto legal no fue presentado, fue en marzo de 2024, en una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que el jefe de Estado adelantó que tenía “la convicción de que deberíamos avanzar hacia una ley de aborto integral”.
Esa fue la premisa para que en la Cuenta Pública del año pasado, Boric anunciara que durante el segundo semestre la iniciativa sería ingresada en el Congreso. En esa oportunidad, dijo estar “convencido de la necesidad de dar un debate democrático en materia de derechos sexuales y reproductivos” y que lo haría “pese a que algunos diputados hombres se opongan”. “Las mujeres de Chile merecen su derecho a decidir”, afirmó.
La situación, en todo caso, provocó molestia en parte de los presentes, ya que algunos parlamentarios de RN, la UDI y del Partido Social Cristiano abandonaron el recinto tras el anuncio, mostrando su negativa a legislar respecto a la interrupción voluntaria del embarazo.
Fue el caso de Francesca Muñoz, Sara Concha, Miguel Mellado, Agustín Romero, Eduardo Durán, Gustavo Benavente, Henry Leal, Miguel Ángel Becker, Sergio Bobadilla, entre otros.
1 de julio de 2024/Diputados de derecha se retiran de la cuenta pública realizada por el presidente de la república, Gabriel Boric, al anunciar el proyecto de aborto libre/Agencia Uno
A pesar de lo anunciado, en diciembre de 2024 la iniciativa todavía no había sido ingresada.
Ese mismo mes, Antonia Orellana explicó en Tolerancia Cero de CNN Chile, que el Ejecutivo retiraría de la Contraloría General de la República el reglamento de la ley de aborto en tres causales para hacerle modificaciones. Por consiguiente, se retrasaría la presentación del proyecto de aborto legal y no alcanzaría a ser presentado en 2024, como se había comprometido.
Estos cambios al reglamento -que regula la objeción de conciencia- estuvieron motivados por complicaciones a la hora de aplicar la normativa, y lo que se buscaba, en definitiva, era asegurar una atención oportuna a las mujeres cuando asistieran a recintos asistenciales, en cualquiera de las tres causales.
Así, el pasado 23 de mayo la Contraloría General de la República, liderada por Dorothy Pérez, tomó razón de las modificaciones. Esto “permitirá fortalecer el acceso de las mujeres y las niñas que lo requieren a este derecho ya consagrado en la Ley”, indicaron desde el Gobierno.
Un estudio colaborativo entre el programa Democracia UDP, el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO-UDP) y la consultora Feedback Research, con el apoyo del Women Equality Center (WEC), presentado en enero de 2025, evidenció que un 53% de los consultados está de acuerdo y muy de acuerdo en relación con el enunciado “el aborto en cualquier circunstancia como derecho de la mujer a decidir”.
Respecto al mismo postulado, un 47% respondió estar en desacuerdo.
En tanto, un 78% dijo estar de acuerdo con la interrupción del embarazo en una de las tres causales; y un 22% se mostró en desacuerdo.
Por su parte, el Gobierno indicó que hay estimaciones que cifran entre 40 mil a 170 mil el número de abortos clandestinos que se realizan anualmente. En esa línea, un estudio de Corporación Miles reveló que entre 2012 y 2022 se registraron 444 personas investigadas por el delito de aborto.
De ese total, el 10% de los casos correspondía a abortos espontáneos acreditados, “y aun así se realizaron denuncias que iniciaron un proceso de criminalización” señala la investigación.
Asimismo, cifras del Ejecutivo muestran que en 7 años de vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, se han registrado 6.249 casos de mujeres y niñas que han llegado a un centro de salud en una de las tres causales. De ese total, el 85% decidió interrumpir su embarazo y el 15% continuarlo.
Junto con ello, “la edad donde se constituyen más casos por ley IVE en la causal de violación son los 13 años. Es importante recordar que en estos casos, los establecimientos de Salud están obligados a denunciar el delito de violación”.
Así, el viernes 23 de mayo de este año, la ministra de la Mujer anunció en un punto de prensa en el Palacio de La Moneda que a la semana siguiente el Ejecutivo ingresaría la iniciativa a la Cámara de Diputadas y Diputados a través de un mensaje presidencial.
En la instancia, manifestó que “vamos a estar aportando desde la evidencia, desde la convicción que tenemos como Gobierno de que las mujeres chilenas se merecen que demos ese debate democrático” y que les hubiera gustado que “no hubiera transcurrido tanto tiempo“.
Una de las últimas alocuciones del Gobierno en torno al tema fue este miércoles 28 de mayo, cuando Antonia Orellana, junto a sus pares de Interior, Álvaro Elizalde; Salud, Ximena Aguilera; y Justicia, Jaime Gajardo, entregó detalles sobre el proyecto.
Según la autoridad, la iniciativa plantea que se pueda abortar hasta las 14 semanas, siguiendo el modelo alemán, y se establecen mecanismos en el sistema de salud para ello. Además, afirmó que “los motivos para interrumpir un embarazo son muchos y no todos caben en las tres causales. Ninguna mujer se embaraza para abortar”.
En esa línea, remarcó que las mujeres “no deben seguir siendo tratadas como criminales ni seguir siendo perseguidas penalmente” y que “a 35 años de que se ilegalizara vía decreto antidemocrático, hoy abrimos la discusión en el Congreso”. Además, invitó a un “debate respetuoso con base en evidencia”.
La iniciativa, además, “mantiene las normas de objeción de conciencia establecidas en la ley chilena, tanto personal como institucional; busca garantizar el acceso a la prestación en el plazo más breve posible, así como el acceso a la información”.
La ministra de la Mujer fue consultada sobre si se darán los tiempos para despachar el proyecto, teniendo en cuenta que al Gobierno le quedan poco más de nueve meses al mando.
“Queremos que se dé un debate razonado donde todas las posiciones puedan expresarse (…) sería ingenuo pensar que eso va a ocurrir en nueve meses, pero somos un Gobierno que dialoga permanentemente con las organizaciones de mujeres, así lo hemos hecho tanto para el reglamento como también para este proyecto de ley”, respondió.
Y agregó que si se mira la historia sobre los debates “respecto a estos asuntos sabemos que son debates largos, por eso más vale la pena iniciarlos”.
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