Por Paula Aguilera
Foto: Instituto de Estética UC

Las denuncias por agresiones sexuales vuelven a convertirse en un tema protagónico al interior de la Pontificia Universidad Católica. El pasado domingo 19 se supo que la denuncia por abuso sexual contra José Ignacio Palma, ex candidato FEUC por el Movimiento Gremial, era falsa y había sido inventada por un ex compañero de colectividad.

Sin embargo, no es lo único. Hace algunas semanas un grupo de estudiantes se tomó el Campus Oriente en rechazo a la reincorporación de un profesor que suma más de 30 acusaciones por acoso en su contra, manifestación que se realizó a casi un año del mayo feminista que, en 2018, gatilló las múltiples tomas y marchas en distintas universidades del país contra la educación sexista.

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Tras el desalojo de las 57 alumnas, la institución reconoció que existen cinco denuncias contra estudiantes, dos contra profesores y una en contra de un administrativo. Entre ellos se encuentra uno de los que está empezando a hacer ruido al interior de la carrera de Estética -que también está en Campus Oriente, junto con Artes, Música y Teatro-, y que se fue a paro a principios de abril por la situación que involucra al académico Gabriel Castillo.

A inicios de ese mes, el profesor titular y ex director de la carrera fue declarado culpable del cargo de “conductas reprochables” en contra de una ex alumna con quien mantuvo una relación sentimental. En el proceso, además, se constató que era una conducta recurrente la de mantener este tipo de vínculos con estudiantes, y de hecho, él mismo admitió que ocurrieron en al menos cinco oportunidades.

La sanción que determinó la universidad fue la de suspenderlo de sus labores docentes de cátedra y dirección de tesis durante un año, por lo que durante 2019 se dedicará sólo a la investigación, pero en 2020 podrá reincorporarse al plantel.

Sin embargo, es precisamente esta decisión la que generó el rechazo de las estudiantes, quienes además critican la rebaja en la sanción, que en una primera instancia -en enero de 2019- sumaba los cargos de “violencia sexual” y “uso indebido de espacios públicos”. Por lo tanto, consistía en la petición de renuncia del académico, que incluso fue firmada por el rector Ignacio Sánchez, lo que fue desechado tras la disminución en el castigo.

Nos preocupa que una persona que la universidad constató como culpable de violencia sexual se le permitirá hacer clases desde 2020. Esto es preocupante, considerando el alto recambio de estudiantes, dado que la carrera sólo dura dos años, lo cual implica que gran parte de las personas hoy día movilizadas por dicha situación, habrán egresado cuando G. Castillo vuelva a hacer clases”, afirmaron los alumnos de la carrera a través de un comunicado oficial.

De este modo, por estos días los tres estamentos del Instituto de Estética (estudiantes, profesores y funcionarios administrativos) se encuentran redactando una carta dirigida al rector Ignacio Sánchez, que luego será sometida a votación, en la que nuevamente insisten en que consideran que la sanción es insuficiente y manifiestan su preocupación por que Castillo vuelva a tener contacto con estudiantes en el futuro cercano sin haber asistido a ningún tipo de terapia o espacio de reflexión.

Vínculos con alumnas y relaciones dentro de la universidad

La denuncia contra Gabriel Castillo se remonta a mayo de 2018, cuando una ex alumna del Instituto de Estética presentó una denuncia ante la Secretaría General, en la que señalaba haber sido víctima de violencia sexual de parte de quien en ese entonces era su profesor.

En agosto del mismo año se inició una investigación interna. En enero de 2019 se determinó que el docente era culpable de los cargos de “violencia sexual” y “uso indebido de espacios”, debido a que las indagatorias comprobaron que la relación entre la denunciante y Castillo se desarrolló entre los años 2010 y 2013.

Gracias a los testimonios recopilados en el proceso se constató además que Castillo había sostenido relaciones previas con otras estudiantes, entre ellas con una ayudante durante 2003, “la que incluyó relaciones sexuales, producto de la cual habría quedado embarazada y habría abortado“.

Además, se indagaron relaciones sexuales en espacios académicos como su oficina y en una iglesia durante una salida a terreno, por las que además se comprobó el cargo de “uso indebido de espacios”.

De este modo, entre las conclusiones finales, el informe -firmado por la secretaria general Marisol Peña– señala que se constató que Gabriel Castillo mantuvo relaciones inapropiadas “con dos alumnas del Instituto de Estética, así como una alumna del Instituto de Música. Adicionalmente, mantuvo una relación con quien hoy es alumna de la carrera de Estética, respecto a la cual es necesario precisar, que no era su alumna al momento de la relación que incluyó actividad de connotación sexual en su oficina ubicada en dependencias del Campus Oriente. En el caso de las alumnas [nombres censurados], el aludido docente incluso la calificó en cursos de la carrera de Estética, impartidos por él, después del término de la respectiva relación”.

En el documento se especificaba que el académico había transgredido el Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria, y también el Protocolo de Violencia Sexual de 2016, y se detallaba la noción de “violencia sexual” con la definición tipificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Finalmente, se menciona que en el caso de dos ex alumnas, “el proceso arrojó antecedentes clínicos emanados de profesionales responsables, que revelan que ambas habrían quedado psicológicamente afectadas en su estabilidad emocional como consecuencia de la relación que sostuvieron con el profesor Gabriel Castillo en la dinámica propia de una relación asimétrica, aunque se haya tratado de personas mayores de edad”.

La rebaja de la sanción

El fallo firmado por el rector Ignacio Sánchez fue anulado en marzo luego de que Castillo apelara, por lo que el caso llegó hasta el Comité de Apelación, integrado por cinco decanos, quienes rebajaron el cargo de “violencia sexual” a “comportamientos indebidos”, y lo absolvieron de “uso indebido de espacios” ya que aseguraron que las pruebas “no eran contundentes”.

“Los miembros de la Comisión sí dan por acreditada la existencia de una serie de conductas reprochables que deben dar lugar a medidas sancionatorias de una entidad suficiente. Ello porque en los casos analizados se advierte con claridad que el profesor mantenía sistemáticamente relaciones sentimentales con alumnas de la Universidad que se encontraban en una evidente posición de vulnerabilidad e indefensión, hayan sido o no estudiantes bajo dependencia del profesor objeto del proceso”, dice el texto final.

Sin embargo, se eliminó la referencia a los Protocolos de Violencia Sexual aprobados por el Honorable Consejo Superior el año 2016, ya que se indicó que “no es la norma infringida por la que el profesor fue sancionado”.

Durante el proceso del Comité, Castillo fue consultado respecto a su visión sobre sostener relaciones con alumnas y respondió que “cree que depende mucho de la situación” y que “los alumnos son adultos, que la Universidad no es un quinto medio”.

Por otra parte, la transcripción del testimonio de la denunciante señala: “Este tipo de abuso nuestra sociedad no lo considera como un abuso propiamente tal, siendo que lo es. Respecto al consentimiento, puntualiza que en relaciones que se originan en asimetría y jerarquización éste no puede darse“.

Estos hechos que ocurrieron en el aula y en la Universidad, no son de amor, ni de aprendizaje, sino de abuso. Él es una persona muy inteligente que se aprovechó de los cuerpos de sus estudiantes, abusando para ello sistemáticamente de su cargo. Señala que en lo personal, le quitó su posibilidad de estudiar con seguridad, generando en ella daños graves”, agregó.

CNN Chile intentó comunicarse con Gabriel Castillo en reiteradas ocasiones y a través de distintos medios para obtener su versión sobre los hechos, sin embargo, no logró conseguir ninguna respuesta de su parte.

Por otra parte, desde la Pontificia Universidad Católica señalaron que la casa de estudios “no comenta detalles de sus procesos disciplinarios, porque en ellos se contienen antecedentes que, de acuerdo a la ley, son ‘sensibles’ por incidir en la vida privada de las personas”.

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