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Un grupo de parlamentarios de distintas nacionalidades enviaron este jueves una carta a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

En el texto le solicitan que ayude a que se encuentre una solución pacífica que permita “evitar un desenlace trágico del machi Celestino Córdova y de todos los presos mapuche que hoy, en plena crisis sanitaria producto de la pandemia, se encuentran en huelga de hambre” en Temuco, Angol y Lebu.

La carta también va dirigida a la Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas – CIDH, Comisionada Antonia Urrejola, y al Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura, Comisionado Edgard Ralón.

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“Nos alarma el injusto trato que ha tenido la autoridad ancestral, espiritual y cultural del Pueblo Mapuche, el machi Celestino Córdova, quien ha sobrellevado una huelga de hambre por 95 días”, dice el texto.

Los firmantes también criticaron la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco, que autorizó al personal de salud del Hospital Intercultural de Nueva Imperial para que aplique las medidas terapéuticas necesarias, incluida la alimentación forzada, en contra de su voluntad.

Esta acción es calificada como tortura y vulnera todos los tratados internacionales suscritos por Chile, como la Declaración de Malta, la Declaración Tokio y otros reglamentos a nivel internacional respecto a las personas que están en huelga de hambre”, agregaron.

También, se manifestaron preocupados por “la situación de los presos políticos mapuche de Angol, que ayer anunciaron a través de un comunicado, el inicio de una huelga seca”.

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“Es responsabilidad de los Estados dar íntegro cumplimiento al Convenio 169 de la OIT, ratificado en 2009 por el Estado de Chile, que busca proteger y resguardar la cultura, costumbres y cosmovisión ancestral de todos los pueblos originarios, incluyendo el ámbito judicial y penitenciario que, lamentablemente, ha sido negado al Pueblo Mapuche, en este caso”, añadieron.

Entre los firmantes se encuentran parlamentarios de Argentina, México, Ecuador, España, Colombia y Chile.

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