El pasado jueves, el presidente ejecutivo de Ópticas de Chile, Marco Antonio Núñez, acudió a la audiencia pública en el Tribunal Constitucional, desarrollada en el proceso de inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 126 del Código Sanitario, que prohíbe la instalación de consultas médicas o de tecnólogos médicos al interior de las ópticas comerciales del país.
Esta normativa, que busca ser derogada, indica que las ópticas pueden recibir y despachar las recetas médicas que prescriban lentes. Sin embargo, no está permitido que en los establecimientos se habiliten consultas médicas o que tecnólogos médicos puedan realizar exámenes visuales al interior de los locales.
El tribunal ha considerado que esta prohibición sería contraria a la garantía constitucional de igualdad ante la ley (art. 19 n° 2).
En su argumentación, Núñez destacó la importancia de que las personas puedan tener mayor acceso de atención visual primaria, en vista de que existe un déficit en el sistema público de salud de profesionales oftalmólogos y también de oportunidad de atenciones.
“Según cifras oficiales, son más de 230 mil personas las que hoy deben esperar 480 días en promedio para ser atendidos por un especialista en el sector público. En la lista de espera GES, la oftalmología sigue encabezando la nómina”, señala el líder del gremio empresarial que incluye a las cadenas de ópticas nacionales e internacionales, junto a los laboratorios de lentes de contacto.
En este punto, recalcó que “es posible” que oftalmólogos y optómetras trabajen en equipo, “pues las ópticas están desplegadas a lo largo del país y aquí el sector privado debe ser complementario a la red de salud pública. Queremos que de una vez se deje de proteger los intereses particulares de una especialidad médica y se vele por la atención de salud de todos los chilenos”.
De ser derogada la normativa, no sólo aumentaría el acceso físico de las personas a atención visual, sino que también generaría un impacto positivo en la economía familiar, ya que hay miles de chilenos que no pueden tener acceso a una consulta oftlamológica por su valor ($40 mil la consulta, aproximadamente). En una óptica ese examen podría tener un valor cercano a los $5 mil.
A pesar de los argumentos planteados ante el TC, los tecnólogos médicos se oponen a que se declare inconstitucional la norma, postura que también mantienen el Colegio Médico y la Sociedad Chilena de Oftalmología, acusando que una eventual derogación generaría problemas sanitarios y de salud pública, así como también un eventual conflicto de interés.
“El gremio se opone a este cambio, ya que es un conflicto de interés evidente que expone a nuestros pacientes y que el Código Sanitario ya sancionó hace más de 100 años. Los médicos no podemos tener intereses económicos, ni dentro de la industria farmacéutica, de órtesis, ni tampoco de óptica”, explicó la doctora Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico.
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