La vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo, señaló que la medida "busca dar a la ciudadanía una señal de probidad, de confianza y de legitimidad en cuanto a que los integrantes estamos ajenos a presiones indebidas, en este caso asociadas a alguna dependencia o adicción”.
Este lunes 16 de junio, los y las ministras de la Corte Suprema -incluido el presidente Ricardo Blanco- se sometieron voluntariamente a la toma de muestra para el test de drogas.
La normativa acordada 2013-2018, apunta a normas para “prevenir el consumo indebido de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas por parte de los funcionarios judiciales y procedimiento de control de consumo aplicable a los miembros del Poder Judicial y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial”.
De ese modo, y en forma aleatoria, el pleno del máximo tribunal judicial determinará -a través de un procedimiento reservado- una muestra de funcionarios/as de cada escalafón y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que deberán someterse al examen.
Si bien los integrantes podían ser sorteados en un procedimiento que se realiza anualmente en febrero, el pleno determinó que todos/as se realizaran el procedimiento.
La vocera de la suprema, María Soledad Melo, la decisión se debe a que se “busca dar a la ciudadanía una señal de probidad, de confianza y de legitimidad en cuanto a que los integrantes del máximo tribunal estamos ajenos a presiones indebidas, en este caso asociadas a alguna dependencia o adicción. Hasta ahora, los ministros podíamos salir sorteados, pero optamos por hacerlo como un organismo colegiado y de forma voluntaria”.
Desde el Poder Judicial señalaron que los resultados del test se entregan en forma reservada a la dirección de la Corporación Administrativa.
Los casos negativos se informarán confidencialmente.
Mientras que los casos con resultado positivo, “previo a su informe al Pleno de la Corte Suprema, la Corporación Administrativa del Poder Judicial decretará el cumplimiento del procedimiento establecido por el acta 203-2018”.
Es decir, se realizará una contra muestra, y si arroja positivo, la persona será sometida a una evaluación clínica, que “incluya los exámenes y procedimientos necesarios, con la finalidad de determinar fehacientemente la dependencia de alguna sustancia o droga estupefaciente o psicotrópica ilegal”.
Si la evaluación clínica establece que el funcionario o funcionaria es dependiente de alguna sustancia o droga estupefaciente o psicotrópica ilegal a causa del consumo por un tratamiento médico, “podrá continuar desempeñando normalmente sus funciones. No obstante, el funcionario deberá cursar la respectiva declaración jurada, incluyendo este antecedente en su oportunidad”.
Así, si existiera dependencia a sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas, “se debe informar al superior jerárquico -pudiendo ser suspendido de sus funciones por acuerdo del Pleno de la Corte Suprema- y someterse a un procedimiento de rehabilitación”.
En conversación con CNN AM, el director del Instituto de Previsión Social (IPS), Juan José Cárcamo, explicó los beneficios de la PGU, quiénes pueden acceder a ella y aclaró las dudas en torno a este beneficio que actualmente ayuda a más de dos millones de personas.
