Los ministros de Defensa y del Interior, Baldo Prokurica y Rodrigo Delgado respectivamente, viajaron este jueves a La Araucanía, para reunirse con las autoridades locales y evaluar los resultados de la declaración del estado de emergencia hace dos semanas, y donde se refirieron al fallo de la Corte Suprema que ordenó al gobierno implementar un plan para proteger a las víctimas de la violencia rural.
Visitaron la zona en el momento en que comienza el segundo período del estado de excepción constitucional que, hasta ahora, permanecerá vigente hasta el 11 de noviembre, pero también un día después del categórico fallo de la tercera sala de la Corte Suprema, que aceptó seis recursos de protección de un grupo de víctimas de la denominada violencia rural en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos.
El fallo de la Suprema estableció también “un actuar arbitrario” de las autoridades a no adoptar las medidas de protección en la zona, es por eso que ahora el máximo tribunal del país les ordenó coordinarse e implementar un nuevo plan.
En Temuco el ministro Delgado tuvo que responder públicamente al fallo, señalando que “esos recursos son del año 2020 y cuando se resuelven, lamentablemente, no se tuvo en vista la implementación de este estado de excepción constitucional, que justamente responde a las necesidades de vecinos y vecinas de estas cuatro provincias de sentirse más tranquilos”.
Pero también emplazó a tribunales afirmando que “pedimos coherencia, que las Cortes no dejen libre a un narcotraficante como Jorge Huenchullán, o que cuando una persona ha cometido secuestro solo dicten el alejamiento respecto a su víctima”.
Según las cifras que maneja el gobierno, y que dio a conocer el ministro Delgado durante la jornada, en todo este periodo han existido un 43% menos de atentados, 61% menos de hechos de violencia y también un 80% menos de usurpaciones. En tanto, en todo lo que va del estado de excepción constitucional se ha detenido a 40 personas que tenían diversas causas pendientes con la justicia.
Por su parte, el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibañez, celebró el dictamen de la Suprema, afirmando que “nos parece que va en la dirección correcta y recoge una situación que es evidente de falta de justicia e inseguridad de las personas que habitan aquí”. No obstante, advirtió que “nos parece también que el fallo debiera interpelar a otros poderes del Estado, como el Parlamento, para mejorar la legislación y así la situación respecto a la impunidad, para un mejor funcionamiento y dotación de las instituciones a cargo de hacer justicia”.
Francisco Alaniz, presidente de la Asociación Para la Paz y la Reconciliación en La Araucanía (APRA), manifestó que “lo que esperamos es que esta resolución y esta señal que da el mayor tribunal de Chile pueda permear hacia las cortes locales, que aquí solo se han dejado llevar por el temor a las funas de estos grupos radicales”.
Lee también: Camila Carrasco sobre La Araucanía: “Hay que desgranar cuál es el conflicto y cómo solucionarlo a través del diálogo”
El presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, Pedro Apraiz, indicó que “creemos que el Estado, una vez más, ha llegado tarde, no debieran haber víctimas de violencia rural; Es el Estado el que debe brindar la seguridad a todos los habitantes de país”.
Deja tu comentario