La abogada Pamela Pereira explicó que la Contraloría General tiene “una responsabilidad directa” en los procedimientos que determinaban si alguien era o no un exonerado político.
En entrevista con CNN Chile, la abogada Pamela Pereira, profundizó en la polémica sobre el caso de los falsos exonerados que ha generado diversas reacciones políticas y sus repercusiones en los casos de derechos humanos. Pereira explicó que de haber existido denuncias previas, se habrían dado a conocer desde los sectores ligados a los DD.HH. y remarcó que sí le sorprende el caso.
Pereira explicó que la Contraloría General tiene “una responsabilidad directa” en los procedimientos que determinaban si alguien era o no un exonerado político. Además, afirmó que la situación se da cuenta en un escenario en donde los temas ligados a los derechos humanos involucran una demora y una dificultad en su tratamiento a raíz de la falta de voluntad política.
“El exonerado concurría a la oficina y había una tramitación para ver si los antecedentes eran suficientes o no”, explicó Pereira. A partir de ahí, explicó que el tema luego pasaba al INP, que fijaba si se le otorgaba el beneficio y cuál de las dos pensiones serían entregadas, para luego ser derivado a la Contraloría que podía objetar y solicitar nuevos antecedentes.
Si un caso era aceptado, el decreto luego era firmado en la subsecretaria del Interior, siendo parte de “un procedimiento de legalidad y de exhaustivo análisis de antecedentes” cuyos cuestionamientos ahora “llaman la atención”. De ahí que Pereira explicó que deben explicitarse los casos, sin el cuestionamiento y deslegitimación de los casos de personas que fueron afectados en materia de derechos humanos. “Buscan deslegitimar y descalificar una realidad que fue perversa”, remarcó.
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