A partir del 1 de agosto comenzó a regir la ordenanza municipal que exige a las botillerías, minimarkets, supermercados y repartidores de delivery a pedir la cédula de identidad, pasaporte u otro medio de identificación a las personas para verificar si son mayores de edad para comprar bebidas alcohólicas.
Esta medida tiene como objetivo central prevenir el consumo de alcohol en los menores de edad.
De no acatar la orden, los locatarios y repartidores de aplicaciones como Pedidos Ya, Rappi y Uber Eats arriesgan multas que van desde los 2 a los 5 UTM (entre 97 mil y 243 mil pesos) cada vez que no soliciten el carnet, y de 5 UTM en caso de vender alcohol a un menor de edad.
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Varias son las botillerías que ya lucen un letrero con la normativa. A la vez, el municipio impulsó una campaña llamada “Sin carnet no”, para informar a la comunidad sobre la ordenanza.
Aunque en un principio, el alcalde Joaquín Lavín había anunciado que se contaría con una “brigada” formada de adolescentes que se harían pasar por clientes para fiscalizar a los locales comerciales, finalmente se decidió otro método para comprobar la efectividad de la normativa.
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Desde este viernes inspectores municipales y jóvenes mayores de edad se harán pasar por clientes y simularán ser compradores, para constatar que se está pidiendo o no la cédula de identidad, según consigna El Mercurio.
Estos jóvenes, de entre 18 y 19 años, son vecinos de la comuna que forman parte de un programa del municipio, el cual consiste en dedicar cuatro horas a trabajos comunitarios un día a la semana, a cambio del pago del arancel de sus carreras.
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