Ignacio Figueroa, abogado de Democracia Viva, valoró la decisión del Tricel que anuló las multas impuestas por el Servel, asegurando que el fallo respalda la correcta rendición de gastos de la fundación durante el plebiscito de 2022 y desestima acusaciones que calificó como infundadas y de carácter político.
El abogado de la Fundación Democracia Viva, Ignacio Figueroa, valoró este martes el fallo unánime del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que revocó las multas impuestas por el Servicio Electoral (Servel) a su representada y a la organización “Aprueba por Chile”, por su participación en el plebiscito constitucional de septiembre de 2022.
Figueroa destacó que esta decisión confirma la correcta gestión de los recursos públicos por parte de la fundación y desestima las acusaciones sobre supuestas irregularidades.
“Este fallo confirma lo que hemos sostenido desde el inicio. En Democracia Viva no existía una caja negra; los recursos fueron correctamente administrados. Los números están y seguirán cuadrando”, afirmó el abogado mediante una declaración pública.
El Tricel resolvió anular las sanciones —que ascendían a cerca de $100 millones y 30 UTM— al concluir que no se acreditó que ambas entidades hayan actuado de forma coordinada o superado los límites de gasto permitidos de forma individual.
Ambas organizaciones se habían inscrito por separado ante el Servel y declararon montos por debajo del tope legal de $150.976.921.
El abogado sostuvo además que el fallo representa una señal importante para avanzar en el esclarecimiento de otras acusaciones.
“Tal como esta imputación fue desestimada por carecer de sustento, confiamos en que las demás seguirán el mismo camino. En la medida en que los antecedentes sean evaluados, se dejarán atrás las acusaciones maliciosas y con claros objetivos políticos”.
Finalmente, Figueroa aseguró que seguirán colaborando con todas las instancias institucionales, reafirmando su convicción de que “la verdad prevalecerá”.
La exsecretaria de Estado además fue enfática al recalcar que la decisión de retirar su candidatura de la senadora no respondió a presiones externas ni a los sondeos de opinión pública.
