A través de un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Arica autorizó al municipio de esa comuna a vacunar a un lactante de siete meses, cuyos padres se habían negado a aplicar las inoculaciones que corresponden a su edad como parte del Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud.
La municipalidad interpuso un recurso de protección en resguardo de las garantías constitucionales del menor, que fue acogido por el tribunal de alzada, que en su sentencia señaló que el procedimiento se debe llevar a cabo a la brevedad y que puede “recabar el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición”.
En el texto además se explica que, si bien hay situaciones en que las personas pueden manifestar su rechazo al procedimiento, “no se requerirá la manifestación de voluntad en las siguientes situaciones: a) En el caso de que la falta de aplicación de los procedimientos, tratamientos o intervenciones señalados en el artículo anterior supongan un riesgo para la salud pública, de conformidad a lo dispuesto en esta ley, debiendo dejarse constancia de ello en la ficha clínica de la persona”.
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“En consecuencia, corresponde acoger la presente acción constitucional, porque el actuar de sus padres constituye una vulneración a la garantía constitucional, respecto de su derecho a la vida y su integridad física, toda vez que resultó manifiesto que la negativa de los recurridos, en vacunarlo ha sido ilegal”.
En la acción judicial se detalla que en octubre de 2018 la madre del menor acudió con él hasta el Cesfam Iris Véliz Hume para el control de niño sano, y que durante la atención manifestó su negativa a las vacunas, argumentando que se padre había fallecido a causa de una vacuna contra la influenza.
Además, personal del centro asistencial acudió dos veces a su domicilio para realizar el procedimiento, pero sin resultados positivos. De este modo, en el documento se explica que “al no ser vacunado, se encuentra expuesto a contraer enfermedades inmunoprevenibles, que podrían acarrearle discapacidades, e incluso la muerte”.
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