La autoridad afirmó que la acción, encabezada por diputados de oposición, carece de fundamentos jurídicos y reafirmó que durante el día de los hechos, las medidas de seguridad se adoptaron conforme a la ley y en coordinación con organismos técnicos.
El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, respondió públicamente este lunes a la acusación constitucional presentada en su contra por parlamentarios de oposición, en relación con su presunta responsabilidad política tras la muerte de dos hinchas del Colo Colo en el Estadio Monumental el pasado 10 de abril.
En la previa de un partido entre el equipo albo y Fortaleza por Copa Libertadores, y en medio de un intento de avalancha humana, una de las rejas perimetrales cedió producto de la presión ejercida por la multitud, dejando a varias personas atrapadas.
Es en ese contexto que se produjo la muerte de los dos jóvenes, cuyo fallecimiento aún no ha sido esclarecido.
Gonzalo Durán presenta su defensa
En ese contexto, durante la jornada de hoy, Durán se refirió a la ofensiva parlamentaria en un punto de prensa, donde reafirmó su postura frente a la acción impulsada en su contra por la Cámara de Diputadas y Diputados.
“Como hemos señalado desde un inicio, entendemos que esta es una facultad del Congreso que respetamos profundamente. Sin embargo, creemos que esta acusación carece completamente de sustento jurídico”, declaró la autoridad.
El delegado confirmó que su defensa legal está encabezada por el abogado Francisco Cox Vial, quien presentó un documento de 71 páginas ante la Cámara Baja.
En la misiva, se argumenta que el delegado actuó “en estricto apego al ordenamiento jurídico”, tomando decisiones basadas en la información de organismos técnicos y en coordinación con las instituciones competentes.
El escrito sostiene que las medidas de seguridad para el encuentro deportivo fueron definidas previamente en conjunto con los organizadores del evento y las entidades responsables, luego de evaluar distintos escenarios de riesgo.
Respecto a la decisión de no suspender el partido de inmediato tras los hechos de violencia, la defensa argumenta que hacerlo en ese momento habría sido contraproducente y podría haber derivado en mayores disturbios, poniendo en peligro a más asistentes.
La interrupción del encuentro se concretó cuando, según el escrito, “se dieron las condiciones previstas en la ley”, luego de que encapuchados invadieran la cancha desde un sector próximo a la Garra Blanca, obligando a detener el juego en el minuto 70.
Finalmente, la defensa subraya que no existe infracción constitucional por parte del delegado, insistiendo en el “estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes” en todas las actuaciones relacionadas con los hechos.
Mientras tanto, Durán aseguró que continuará ejerciendo sus funciones como delegado presidencial metropolitano, enfocado —según dijo— en las prioridades de gestión del Gobierno en la región.