Según detalló la institución, el tribunal primero ordenó el ingreso del imputado a prisión preventiva, pero menos de 24 horas después revocó esa decisión por vía electrónica. Una nueva orden posterior no especificaba si se debía anular la excarcelación, lo que llevó a Gendarmería a validar la libertad del imputado.
En medio de la polémica por la liberación de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, imputado por el asesinato de un empresario del Barrio Meiggs en Ñuñoa, Gendarmería publicó este martes la cronología precisa de las órdenes judiciales que siguieron y que culminaron en una inesperada excarcelación.
¿Qué pasó?
Según un comunicado del organismo carcelario, el 9 de julio a las 20:28, el 8.º Juzgado de Garantía ordenó el ingreso de Ferrer al Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago I.
La orden se materializó mediante traslados realizados por personal especializado con un oficio impreso.
La situación dio un vuelco el 10 de julio a las 12:11, cuando llegó una comunicación digital del Poder Judicial —vía sistema informático— revocando la orden previa y exigiendo la libertad del imputado.
Horas más tarde, a las 14:13, un nuevo correo replicaba la instrucción de ingreso del día anterior, pero sin hacer referencia al oficio que había declarado la libertad de Ferrer.
Gendarmería explicó que este correo no contenía ninguna aclaración o retractación de la orden de liberación, por lo que procedió a verificar su autenticidad.
Finalmente, bajo esa impresión, Ferrer fue excarcelado el mismo 10 de julio a las 20:40.
En su comunicado, la institución aseguró que “no se detectaron hackeos ni vulneraciones a sus sistemas informáticos”, aunque reconocieron la gravedad de los hechos e informaron que están integrando toda la documentación para remitirla al Ministerio Público e impulsar investigaciones internas.
Coordinación con PDI y Fiscalía
En paralelo, la PDI y la Fiscalía Occidente realizaron diligencias en el 8° Juzgado de Garantía y en el CDP Santiago I.
Se tomaron declaraciones a la jueza Irene Rodríguez y demás funcionarios, quienes entregaron voluntariamente sus celulares y se incautaron computadores.
En total, se entrevistó a tres personas en el tribunal y cinco funcionarios de Gendarmería.