El fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, se refirió a las diligencias que se han llevado a cabo tras la liberación de Osmar Ferrer desde un recinto penitenciario. En ese contexto, informó que se tomó declaración en calidad de testigos tanto a la magistrada como a funcionarios de Gendarmería.
Durante la tarde de este martes, el fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, se refirió a las diligencias que se han realizado tras la salida de la cárcel de Osmar Alexander Ferrer Ramírez.
En ese contexto, informó que se han tomado declaraciones a las personas que figuran como “involucradas en la cadena de comunicaciones entre el Poder Judicial y Gendarmería”. Además, señaló que tanto la magistrada Irene Rodríguez como funcionarios del tribunal declararon en calidad de testigos.
De forma voluntaria, entregaron sus teléfonos celulares, y se incautaron los computadores desde los cuales se realizaron las comunicaciones.
Consultado sobre si puede descartarse una posible extorsión contra la jueza, el fiscal respondió: “Nosotros no descartamos ninguna hipótesis con los antecedentes que tenemos hoy día. Antecedentes de esa naturaleza todavía no han aparecido; no figuran en esta primera indagación. Esta es una investigación que recién comienza, y debe ser cotejada con la información que recabemos también a través de Gendarmería de Chile. Pero por ahora, la señora magistrada prestó declaración y entregó su versión de los antecedentes”.
Por otra parte, subrayó que “la única resolución que se dictó fue la que decretó la prisión preventiva del imputado” y enfatizó que “las otras comunicaciones entre Gendarmería y el Poder Judicial son precisamente lo que estamos investigando. Técnicamente, esta persona nunca debió haber sido puesta en libertad, porque la única resolución vigente era la de prisión preventiva”.
Finalmente, puntualizó: “Debo determinar si la responsabilidad recae en el Poder Judicial, en Gendarmería o en quien corresponda. Lo importante es entender que la resolución judicial notificada en audiencia decretaba prisión preventiva, y lo que hay que aclarar es por qué y bajo qué circunstancias se concretó la liberación del imputado”.
¿Qué pasó?
La magistrada del Octavo Juzgado de Garantía, Irene Rodríguez, presuntamente habría otorgado la libertad al imputado, quien estaría vinculado a una banda con posibles conexiones al Tren de Aragua.
Ferrer estaba siendo formalizado junto a otros dos hombres, el 9 de julio, por los delitos de homicidio, robo con intimidación y porte ilegal de armas. Sin embargo, pocas horas después se ordenó su liberación. Exactamente, el 10 de julio, a las 18:00 horas, abandonó el recinto penitenciario en el que se encontraba.
Actualmente, se encuentra prófugo de la justicia.
Durante esta jornada se convocó a un pleno extraordinario en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se ordenó un sumario administrativo al interior del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, con el objetivo de identificar a los funcionarios que tuvieron alguna relación con esta causa.