El proceso, impulsado por parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista, se desarrolló en la Corte Suprema y dejó en evidencia el choque entre el Ministerio Público y sectores oficialistas.
Las audiencias probatorias en el proceso de destitución del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, concluyeron este viernes, marcando un nuevo capítulo en una controversia que involucra acusaciones de negligencia, cuestionamientos políticos y un polémico allanamiento al domicilio de la diputada Karol Cariola (PC).
El proceso, impulsado por diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista, se desarrolló en dependencias de la Corte Suprema, donde las partes presentaron sus pruebas y testigos ante la jueza Mireya López.
Por parte de los requirentes, los abogados Doni Galaz y Fernanda Arias expusieron antecedentes que apuntan a supuestas fallas graves en la actuación del fiscal Cooper.
En su defensa, el abogado Matías Inzunza presentó testimonios de funcionarios del Ministerio Público, incluyendo al fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz.
El allanamiento a la casa de la diputada Cariola, realizado por la Policía de Investigaciones el 3 de marzo en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias, ha sido el principal detonante del requerimiento.
Cooper, quien lideraba dicha investigación, fue duramente criticado por parlamentarios oficialistas, quienes acusan una extralimitación en sus funciones.
Ahora, la jueza López deberá emitir un informe que será revisado por el pleno de la Corte Suprema, instancia que fijará una nueva audiencia en la que las partes alegarán sus posturas. Aun sin fecha confirmada, se espera que esta sesión ocurra durante la quincena de junio.
Uno de los aspectos llamativos del proceso es la designación de la abogada Karinna Fernández Neira —especialista en derechos humanos y ex candidata a fiscal nacional— como representante del Partido Comunista en la audiencia final.
Fernández, con 20 años de experiencia en causas de alto perfil como la “Caravana de la Muerte” y el caso de espionaje a Mauricio Weibel, aseguró estar revisando jurisprudencia y tratados internacionales de cara a su exposición ante los magistrados, consignó esta jornada La Tercera.
El fiscal Cooper, por su parte, ha manifestado tranquilidad ante el proceso, aunque su posición se ha visto debilitada por recientes decisiones del fiscal nacional, Ángel Valencia.
Este último lo removió del Caso ProCultura luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta declarara ilegal la intervención del teléfono de Josefina Huneeus, acción solicitada por el equipo de Cooper.
Cooper fue reemplazado en esa causa por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Carlos Castro Bekios, mientras la Fiscalía Nacional apeló el fallo que favoreció a Huneeus.
Si bien solo una fiscal ha sido removida por la Corte Suprema en la historia reciente —Esmirna Vidal en 2005, en el marco del caso Lavanderos—, la abogada Fernández subrayó que este caso presenta un contexto diferente y que se trata de una acusación por negligencia, no por conducta impropia, lo que podría abrir las puertas a un desenlace inédito para el fiscal Cooper.
El máximo tribunal resolvió que dejar WhatsApp Web abierto en un computador compartido equivale a permitir tácitamente el acceso de terceros. El fallo generó debate sobre privacidad digital en el entorno laboral.
