Agencia UNO

Este miércoles, Ángel Valencia realizó su primera cuenta pública como fiscal nacional. En su presentación, donde estuvo el presidente Gabriel Boric, Valencia subrayó que “somos un Ministerio Público convencido de que el Estado Chileno derrotará al crimen organizado“.

“Los delitos violentos han aumentado significativamente durante los últimos años; el crimen organizado es una grave amenaza para nuestra sociedad, especialmente el narcotráfico, que se ha tomado varias de nuestras ciudades y barrios, y la cibercriminalidad ha sido capaz de atacar a instituciones, empresas y personas”, expresó.

En esa línea, hizo énfasis en los cambios implementados desde que asumió el cargo, señalando que estos “buscan responder a esta necesidad de modernización desde una perspectiva tecnológica, de especialización, de excepcionalidad, de pertinencia territorial, de coordinación interinstitucional y de equidad de género“.

Asimismo, destacó la incorporación del Ministerio Público al Circuito Intersectorial de Femicidios, subrayando que “esperamos contribuir desde el momento de la denuncia, con información que facilite la respuesta intersectorial para mujeres y niños, niñas y adolescentes víctimas directas o indirectas de estos hechos, fortalecer las acciones de acceso a la justicia y reparación; las medidas y acciones de protección, así como las coordinaciones forenses que aseguren el éxito de la investigación, y finalmente, facilitar la disminución de la victimización secundaria”.

El “criterio Valencia”

Consultado sobre el denominado “criterio Valencia”, el líder del Ministerio Público señaló que “lo relevante para estos efectos es entender que vamos a agotar todas las medidas necesarias para poder identificar quiénes son las personas que están cometiendo delitos en Chile”.

“Hemos desarrollado un conjunto de acciones para coordinar nuestro trabajo con el Ministerio de Justicia, a fin de que se puedan identificar con claridad quiénes son las personas que se encuentran detenidas“, dijo.

En esa línea, detalló que “se trata de personas detenidas, tanto chilenos como extranjeros, y que se han presentado ante un tribunal de justicia. Miramos con optimismo la sentencia de la Corte Suprema, que ha confirmado la legalidad y constitucionalidad de las peticiones que han hecho los fiscales ante tribunales”.

Insisto, esto no es una política migratoria; nos preocupa la situación de los inmigrantes tanto víctimas como los que son detenidos. Estamos claros que la mayor parte de los inmigrantes son personas honestas, que trabajan y vienen a Chile buscando un futuro mejor”, zanjó.

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