Dos estudiantes terminaron en el suelo tras protagonizar un episodio de violencia. Este incidente ha vuelto a poner en el centro del debate la violencia en los establecimientos educacionales y la necesidad de una intervención temprana para evitar llegar a situaciones como esta.
El lunes 10 de marzo, dos estudiantes del Liceo Santa Leonor de Talcahuano, al interior de una sala, protagonizaron un hecho de agresión física. Una de las menores se acercó a la otra con improperios, diciéndole “andas buscando pelea”. La estudiante intentó responder, ofreciéndole un “combo”, y la situación fue escalando, terminando en una golpiza.
El hecho se ha viralizado en redes sociales y en los medios de comunicación. La estudiante que recibió las agresiones forma parte del espectro autista.
Consultada por CNN Chile, Anyvic Aguilera Cruz, abogada y directora del Diplomado de Educación Ciudadana y Convivencia Escolar de la Universidad San Sebastián (USS), se refirió al video viralizado y entró su opinión sobre lo que pudo haber fallado a nivel de sistema.
“Cuando vemos un caso como este, lo primero que debemos preguntarnos es: ¿qué señales previas pasaron desapercibidas? La violencia escolar no surge de la nada. Generalmente, es el resultado de una serie de interacciones previas que no fueron abordadas oportunamente”, planteó.
En esa línea, complementó: “Si una de las estudiantes está dentro del espectro autista, es fundamental considerar que su forma de comunicarse y percibir el entorno puede ser distinta. Las personas neurodivergentes pueden tener dificultades para comprender dinámicas sociales implícitas o reaccionar de manera diferente a estímulos que otros estudiantes consideran normales. Esto puede llevar a malentendidos, frustraciones acumuladas y, en algunos casos, al aislamiento o la victimización”.
En cuanto a las posibles fallas, describió:
Sobre la intervención de la persona que se encontraba al interior de la sala de clases, se le preguntó sobre los protocolos que deberían funcionar en estos casos. ¿Y cuál es la evaluación sobre cómo están funcionando? Respondió: “El quedarse como espectadora refleja un problema estructural. No es solo una cuestión de voluntad individual, sino de protocolos institucionales claros que orienten la acción en situaciones de conflicto”.
En ese sentido, describió que en Chile, las normativas de convivencia escolar establecen que los establecimientos deben contar con un Reglamento Interno que incluya medidas para prevenir y actuar ante situaciones de violencia. Según la Superintendencia de Educación, en casos de agresión, los funcionarios tienen la responsabilidad de intervenir de manera inmediata para proteger a los estudiantes. Esto puede incluir:
“Lo que se observa en el video evidencia que estos protocolos no están funcionando de manera efectiva. Muchas veces, los equipos escolares no cuentan con capacitación suficiente para enfrentar estas situaciones, o temen intervenir por desconocimiento de sus atribuciones. También es posible que exista una normalización de la violencia en algunos espacios educativos, lo que genera una actitud pasiva frente a agresiones”, subrayó la experta.
Ante este contexto, afirmó que “es urgente reforzar la formación del personal en primeros auxilios psicológicos y estrategias de intervención en conflictos, con especial énfasis en la inclusión de estudiantes neurodivergentes”. Además, se requiere un trabajo continuo con la comunidad educativa para construir un ambiente donde las diferencias se respeten y la violencia no sea una respuesta aceptable.
“Este caso no debe quedar solo en la indignación momentánea de las redes sociales. Debe ser un punto de inflexión para que colegios, autoridades y familias revisen sus prácticas y trabajemos juntos en la prevención. La convivencia escolar no se resuelve con sanciones aisladas, sino con un cambio profundo en la forma en que nos relacionamos en las escuelas”, reiteró.
—Las dos personas que protagonizan el video son adolescentes y menores de edad, una de ellas es parte del espectro autista. ¿Cómo trabajar con grupos jóvenes la neurodivergencia? ¿Cómo se realiza esta intervención entre adolescentes neurodivergentes y no neurodivergentes?
—La clave para una convivencia armoniosa entre estudiantes neurodivergentes y neurotípicos es la educación y la sensibilización. No se trata solo de incluir a estudiantes con TEA en un aula, sino de generar un entorno donde realmente se sientan comprendidos y respetados. En este ámbito, es importante fomentar la mediación entre pares.
En cuanto a la intervención, aclaró que esta debe “ser inclusiva, no asistencialista. No se trata de ‘proteger’ a un estudiante con TEA como si fuera alguien frágil, sino de generar herramientas para que todos los estudiantes aprendan a convivir en la diversidad”.
—¿Cuál debiese ser la intervención para evitar estos casos?
—Según expertos en estas materias, para prevenir situaciones de violencia como la ocurrida, es clave fortalecer tres niveles de intervención:
Un dato importante: La normativa en Chile establece que la información sobre diagnósticos médicos y de salud mental es confidencial y voluntaria. Un apoderado no está obligado legalmente a informar sobre la condición de su hijo o hija al momento de la matrícula. Sin embargo, cuando se trata de un diagnóstico como el TEA, compartir esta información es fundamental para que el colegio pueda implementar las adaptaciones necesarias y garantizar una experiencia educativa adecuada.
“El establecimiento, por su parte, sí tiene la obligación de detectar necesidades educativas especiales y ofrecer apoyos adecuados, pero no puede exigir un diagnóstico formal sin el consentimiento de la familia”, explicó Aguilera.
Actualmente, la Superintendencia de Educación denunció por oficio este hecho.
Carlos Benetti, seremi de Educación, señaló que se informó a la dirección regional de la Superintendencia de Educación, que ingresó una investigación de oficio para “indagar acerca de los protocolos por el establecimiento a raíz de este incidente” y detalló que se han contactado con el sostenedor, “el Daem de Talcahuano, para abordar las acciones seguidas en este caso”.
Asimismo, el establecimiento según publicó T13 envío una comunicación interna a los apoderados, señalando que el “incidente fue abordado de inmediato por Inspectoría General y el equipo de Convivencia Escolar del ciclo correspondiente, activando el protocolo establecido para este tipo de situaciones”.
Por su parte, la Municipalidad de Talcahuano precisó que, por instrucción del alcalde Eduardo Saavedra, se inició una investigación para analizar la situación del equipo docente y paradocente, además de realizar una revisión de los protocolos.
Entre las voces de los apoderados, Sergio Álvarez, presidente del Centro General de Padres del recinto escolar, instó a tomar las medidas pertinentes para “garantizar un efectivo y eficiente acompañamiento a nuestros niños que se vieron afectados, que fueron testigos de este hecho de violencia y que han sido revictimizados”.
En esa línea, complementó que los profesores no están preparados ni han sido capacitados para “recibir a niños con necesidades educativas”, por lo que son necesarios cambios en la normativa vigente.
Este problema también es compartido por el secretario regional del Colegio de Profesoras y Profesores de la Región del Biobío, Aníbal Navarrete, quien precisó en La Tercera que “la actual ley carece de los elementos para capacitar a los docentes”. En cuanto al escenario actual, complementó que es necesario capacitar a los profesores para enfrentar el contexto de violencia que está ocurriendo en los establecimientos educacionales.
“Ante la crítica y condena que hoy está sufriendo una colega de Talcahuano debido a que se está manifestando que su actuar no fue el adecuado en torno a una pelea entre dos estudiantes, manifestamos que la situación de violencia que hoy se está viviendo dentro de la escuela tiene bastante atemorizado al cuerpo docente”, planteó.
Respecto al proceso que sigue en este caso, la especialista explicó que cuando se inicia una investigación de oficio, esto implica que, sin necesidad de una denuncia formal, la Seremi de Educación decide intervenir para esclarecer los hechos.
En ese contexto, el proceso suele incluir los siguientes pasos:
Sobre el hecho, la diputada Marlene Pérez, representante de la Región del Biobío, expresó que “ante el grave hecho de violencia, ante la grave agresión sufrida por una alumna con trastorno del espectro autista de la comuna de Talcahuano, he solicitado a la Comisión de Personas en Situación de Discapacidad que citemos al ministro de Educación (Nicolás Cataldo) y también al superintendente de Educación para saber si se le entregó apoyo psicológico a la alumna y, en definitiva, conocer cuáles fueron las acciones concretas que se tomaron ante este grave incidente”.
“Ha aumentado considerablemente la violencia en las aulas, por lo tanto, creo que es un tema que debemos abordar. Yo presenté un proyecto en esta línea y, lamentablemente, no se le ha dado prioridad por parte del Ejecutivo”, cuestionó.
Actualmente, el proyecto de ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, reconoce que “una de las grandes dificultades para abordar la convivencia en los centros educativos es la falta de profesionales con el perfil y el tiempo requeridos”.
Ante la deficiencia actual, en caso de aprobarse, establece la obligatoriedad de que todos los establecimientos que reciben recursos o aportes del Estado cuenten con un coordinador de convivencia con dedicación exclusiva, jornada completa y un perfil adecuado al cargo, considerando flexibilidades para ciertos establecimientos según sus particularidades.
Además, establece responsabilidades directivas para la elaboración de los Planes de Gestión de la Convivencia, e incluye temáticas relevantes como la promoción y prevención de conductas de riesgo (consumo de drogas, hechos delictuales, entre otras), mecanismos de detección de factores riesgosos y derivación de casos críticos.
También propone un resguardo especial para los equipos educativos ante agresiones de estudiantes y apoderados, remitiéndolas y enmarcándolas en las reglas del Código del Trabajo que regulan dichas conductas, como violencia en el trabajo ejercida por terceros. Ante estos hechos, se deberán disponer las medidas y procedimientos que resguarden la integridad y bienestar de los profesionales y asistentes de la educación.
Monseñor Jordi Bertomeu, enviado especial del Papa para indagar los abusos en Chile, conversó con Matilde Burgos en CNN Chile y dio cuenta de cómo fue que Francisco corrigió esa mirada.
