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Ex ministros manifestaron su rechazo al protocolo de aborto, en relación a la objeción de conciencia, presentado por el actual Gobierno.

El alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, comentó a los medios que “creemos que este diálogo va en la línea de identificar los procesos más relevantes del proceso de discusión de la ley, la evaluación de los acontecimientos de los últimos días y ciertamente nuestra búsqueda de garantizar que se mantenga el espíritu y letra de la normativa para asegurar los derechos de todas nuestras mujeres“.

 

En la misma instancia la ex ministra de Salud, Carmen Castillo, comentó que este cambio de requisitos limita los derechos de las mujeres, en especial a las mujeres que están afiliadas a una Isapre. “Una objeción institucional al bajar los requisitos aliviana la factibilidad y da facilidades para que cualquier clínica pueda ser objetor de conciencia en forma institucional”, explicó.

Hizo un llamado a las clínicas para que piensen muy bien en la decisión porque afecta a las mujeres del sector privado especialmente.

“Lo que entregamos en su momento como protocolo de objeción de conciencia era que fuera presentado con fundamentos, con elementos consistentes y no a través de un representante legal. Vemos esto con preocupación, vemos que hará un daño enorme a las mujeres de la clase media afiliadas a las isapres”, confesó Carmen Castillo.

 

Por su parte, Claudia Pascual, ex ministra de la Mujer y la Equidad de Género, comentó que la legislación tuvo una tramitación de más de dos años siete meses y sólo permitía la excepción a modo de ser objetor de conciencia de modo individual.

“Fue el propio Tribunal Constitucional el que dijo que la objeción de conciencia podía ser también institucional en la medida que las instituciones acreditaran que tenían algún ideario en ese sentido”, recordó.

Agregó que “lo que hace el cambio de protocolo al rebajar el estándar es en definitiva tratar de torcer por una medida administrativa, la aplicación más compleja y completa de la propia legislación“.

El propio Tribunal Constitucional dijo que era una excepción por lo tanto había que limitarlo, eso se está relajando”, detalló Pascual.

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