A fines de enero, la diputada (PRSD) Marcela Hernando denunció eventuales irregularidades que ocurrieron en la contratación de 19 funcionarios para el proyecto del Hospital San Luis de Buin y Paine, quienes no habrían prestado servicios al recinto y entregaban parte de su sueldo a funcionarios de la división de inversiones del Ministerio de Salud.
En el oficio que presentó la parlamentaria figura en la lista de los contratados un ex jefe de presupuesto de esa área, Mauricio Álvarez, quien fue amenazado con un arma de fuego fuera de su domicilio.
Este hecho fue confirmado por Luis Barros, actual jefe de la división de inversiones, quien explica que la investigación de los 19 casos comenzó a partir de esta misma amenaza. “Se le amenazó a la salida de su casa con un arma y tiene que ver con lo que posteriormente generó toda la investigación”, declaró a ADN Chile.
Junto con descartar estar vinculado en el caso de las contrataciones irregulares, Barros afirmó que desea saber “saber quiénes fueron las personas que tuvieron algo que ver (…) Independiente de la persona que lo haya generado, sea alguien que llegó con esta administración, alguien que viene de la administración pasada o alguien que llegó con esta administración pero que ha trabajado toda su vida con proyectos de infraestructura”.
Según informa el citado medio, luego de la amenaza y la indagatoria sumaria en el Minsal por las cuestionadas contrataciones, Barrios pidió el traslado de Álvarez a otro recinto de salud del sur, manteniendo el mismo cargo.
Fuentes al interior del Minsal consultadas por ADN indican que la amenaza con pistola a Álvarez estaría relacionada también con irregularidades de la misma naturaleza que afectaron al Hospital de Talcahuano.
“No nos cuadra las asesorías que estaban a cargo del inspectores técnicos de obra con los recursos que se entregaron para pagar las asesorías. Hoy está a un nivel de solicitud de antecedentes al Servicio de Salud y con eso nosotros podemos dar cuenta que efectivamente se ocuparon bien las platas o no se ocuparon como se debía y se empezó a pagar asesorías para otros proyectos venideros o de menor envergadura”, explica Barros al respecto.
La autoridad también se refirió al despido de los Inspectores Técnicos de Obras (ITOs), una medida que implicaría millonarios ahorros para las empresas que se encargan de construir hospitales en el país.
Para justificar esta decisión, Luis Barros afirma que en las obras “existe un concepto que es el Síndrome de Estocolmo, donde los equipos técnicos se enamoran de las obras y lo que propician naturalmente es que la obra no termine, porque si lo hace, la gente queda sin trabajo. Entonces aumentan los plazos y la obra no termina nunca”:
“Decidimos que vamos a medir a los ITOs, además de elementos de calidad, por este nivel de cumplimiento de términos de obra”, agregó.
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